El Senado mantuvo sin cambios el límite a la propiedad extranjera de tierras rurales en la Argentina. El capítulo que proponía elevar del 15% al 25% el techo nacional fue retirado por el Gobierno antes de la votación, por lo que la Ley 26.737 continúa vigente y las condiciones para los compradores extranjeros siguen siendo las mismas.

La Cámara alta aprobó por 37 votos contra 33 el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Poder Ejecutivo y promovido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El texto modifica el Código Civil y Comercial en materia de desalojos y expropiaciones, pero ya no incluye el capítulo sobre adquisiciones de tierras rurales por extranjeros. El proyecto ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados y todavía no es ley.

El retiro se produjo el 5 de agosto, después de que gobernadores aliados quitaran su respaldo. La modificación no fue derrotada en una votación específica: el oficialismo decidió eliminarla para evitar que el paquete completo perdiera apoyo en el Senado. El episodio expone el límite político de una agenda de apertura cuando alcanza un activo con fuerte sensibilidad territorial.

Con la normativa actual, los extranjeros no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales del país. El mismo techo rige en cada provincia y municipio. Además, una sola nacionalidad no puede concentrar más del 30% del cupo reservado a extranjeros, mientras que en la zona núcleo existe un límite de 1.000 hectáreas.

La regulación también prohíbe titular o poseer tierras rurales que contengan o linden con grandes cuerpos permanentes de agua. En las zonas de seguridad de fronteras, la adquisición requiere autorización previa del Ministerio del Interior. Esas restricciones reducen el universo de activos disponibles y elevan la importancia de las verificaciones regulatorias antes de cerrar una operación.

Para el mercado agropecuario, la consecuencia inmediata es la continuidad del statu quo. No se amplía el margen legal para que capitales extranjeros compren tierras, ni cambia la necesidad de controlar los límites acumulados a escala nacional, provincial y municipal. La decisión puede preservar previsibilidad para quienes ya operan bajo el régimen vigente, pero mantiene las barreras de entrada que enfrentan nuevos inversores interesados en ampliar su exposición a la producción rural.

La señal política también importa. El Gobierno pudo avanzar con cambios sobre la protección de la propiedad privada, pero no logró sostener dentro de su propia coalición una flexibilización del régimen de tierras. En la Argentina, la propiedad rural extranjera sigue funcionando como una cuestión de soberanía y no solamente como una variable de asignación de capital, lo que vuelve más costosa cualquier reforma que busque ampliar la competencia por esos activos.

La apertura del capítulo no quedó cancelada de manera definitiva, pero perdió la oportunidad legislativa que acompañaba al proyecto aprobado por el Senado. Mientras no exista una nueva iniciativa y una mayoría capaz de sostenerla, el límite del 15%, el tope por nacionalidad, la restricción sobre cuerpos de agua y la autorización para zonas fronterizas seguirán definiendo el marco de inversión rural extranjera.