El Registro Nacional de Armas estableció que las solicitudes de inscripción y reinscripción de usuarios de explosivos, nitrato de amonio, artificios pirotécnicos y sustancias químicas controladas deberán tramitarse exclusivamente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). La Resolución 47/2026 entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y alcanza a personas humanas y jurídicas comprendidas en el régimen vigente.
La medida cambia la puerta de entrada administrativa, pero no modifica los requisitos sustanciales ni técnicos exigidos para operar en esas actividades. Las normas específicas sobre categorías de usuarios, documentación, obligaciones y condiciones de seguridad mantienen plena vigencia. El cambio central es que la presentación en soporte papel deja de ser admitida como regla general.
La resolución dispone que la documentación incorporada al sistema tendrá carácter de declaración jurada. El solicitante será responsable por su autenticidad, integridad, vigencia y veracidad, mientras que la fecha y hora registradas por la plataforma funcionarán como fecha cierta de presentación y producirán los efectos jurídicos correspondientes.
El organismo fundamentó la decisión en la digitalización de los procedimientos, la despapelización, la trazabilidad de los expedientes y la posibilidad de realizar notificaciones electrónicas. La presentación electrónica busca reducir pasos administrativos y concentrar en un único canal la recepción, el seguimiento y la conclusión de los trámites.
Para las empresas y usuarios alcanzados, el efecto inmediato será operativo: deberán contar con acceso a TAD, reunir la documentación exigida por el instructivo y asumir que una presentación incompleta o incorrecta puede generar requerimientos adicionales durante la evaluación. La norma permite a las áreas técnicas solicitar información complementaria cuando resulte necesaria para verificar el cumplimiento de la Ley 20.429 y su reglamentación.
La obligatoriedad de un canal único puede mejorar el control documental si el sistema funciona con disponibilidad y criterios previsibles. También concentra el costo de cualquier falla operativa: cuando la plataforma no esté disponible, la presentación por otra vía solo será posible por una decisión expresa y fundada de la Dirección Ejecutiva, ante casos de fuerza mayor, caso fortuito o indisponibilidad del sistema.
La resolución habilita a la Dirección Nacional de Registro y Delegaciones a actualizar o sustituir el instructivo cuando existan cambios operativos, tecnológicos o procedimentales. Esa facultad no permite alterar los requisitos sustanciales, aunque deja abierta la posibilidad de que los detalles de gestión se modifiquen sin una nueva resolución de alcance general.
El cambio, por lo tanto, no reduce por sí mismo las exigencias para ingresar o permanecer en el registro. Traslada el procedimiento a un formato digital y vuelve más relevante la trazabilidad de cada actuación, pero el impacto sobre los costos y los tiempos dependerá de la implementación concreta, de la capacidad de respuesta del organismo y del funcionamiento efectivo de la plataforma.



