El Ente Regulador de Agua y Saneamiento aprobó el Plan de Acción de AySA para el período 2027-2031, un esquema que define las inversiones, las metas de servicio y los parámetros económicos de la concesión durante sus primeros cinco años. La resolución establece que las tarifas vigentes al momento de la presentación del plan se mantendrán constantes en términos reales durante todo el ciclo y que no habrá una Revisión Tarifaria Ordinaria en ese período.

La decisión fija una inversión total de $2.892.111 millones sin IVA, expresada a valores de diciembre de 2025, más $28.896 millones de activación de mano de obra directa. El CAPEX total asciende así a $2.921.007 millones. La aprobación alcanza también la Matriz de Cumplimiento Anual de Metas, que será el instrumento para controlar si la empresa cumple los objetivos comprometidos.

El reparto de los fondos muestra que el 39,15% se asignará al plan de obras, el 10,92% al plan de mejoras, el 39,69% al mantenimiento y el 10,24% a operaciones. Por servicio, el 58,67% de las inversiones corresponde a agua potable, el 32,25% a desagües cloacales y el 9,08% a procesos de soporte.

El dato tarifario es central. El contrato establece que el régimen económico aplicable durante el primer ciclo será el vigente cuando AySA presentó su plan y descarta nuevas revisiones tarifarias ordinarias entre enero de 2027 y diciembre de 2031. Eso no equivale a una reducción nominal de las facturas, pero sí implica que cualquier aumento de costos que supere la evolución prevista de los ingresos deberá absorberse mediante eficiencia, financiamiento, una mayor morosidad tolerada o recursos adicionales.

La resolución también fija una Tasa de Costo de Capital (WACC) real después de impuestos de 8,90% y una tasa nominal de 11,36%. El valor quedó por debajo de la presentación inicial de AySA, luego de que el ERAS objetara, entre otros aspectos, el nivel de endeudamiento utilizado para calcular la estructura financiera. La empresa corrigió su proporción de deuda al 28%, dentro de la banda de razonabilidad de entre 27% y 35% establecida en la verificación independiente.

Ese parámetro no es meramente contable. La WACC determina la remuneración regulatoria del capital y, junto con los ingresos proyectados, los costos operativos, las amortizaciones y el valor residual, interviene en el cálculo de la Base de Activos Regulatorios. Para el primer ciclo, la BAR inicial fue fijada en $790.074,6 millones constantes a diciembre de 2025 y permanecerá inalterada durante el período.

La resolución incorpora además una discusión relevante sobre la forma de actualizar las inversiones. El ERAS rechazó el uso del tipo de cambio para reexpresar determinados costos históricos y exigió aplicar el IPIM del INDEC, tal como establece el contrato. La diferencia no es menor: elegir un índice u otro modifica el valor regulatorio de las obras y, por lo tanto, puede afectar la base sobre la que se calculen futuras remuneraciones tarifarias.

El esquema aprobado se apoya en una regulación por metas y no por medios. AySA deberá cumplir los objetivos contractuales de continuidad, calidad, expansión y mantenimiento, mientras que la elección concreta de obras y acciones queda bajo responsabilidad de la concesionaria, con control del ERAS. La norma aclara que un gasto superior al previsto no generará automáticamente una compensación tarifaria si las metas fueron alcanzadas, aunque también exige verificar las inversiones, su razonabilidad y su correspondencia con el servicio.

Quedan, sin embargo, obligaciones de seguimiento. La empresa deberá preservar la trazabilidad de las obras que vienen del Plan de Acción de Transición, consolidar un inventario físico y valorizado de los activos y someter las inversiones a certificaciones independientes cuando los auditores sean designados. En materia de incobrables, el regulador aceptó para este ciclo un cargo de $963.558 millones, equivalente al 12,23% de las ventas devengadas, pero exigió que en la próxima revisión tarifaria se separen los dos componentes previstos por el contrato: la morosidad no gestionable y los inmuebles servidos que aún no están conectados a la red.

La aprobación evita que AySA ingrese en 2027 sin un marco operativo, financiero y de control definido. Al mismo tiempo, concentra en el plan quinquenal una tensión que recién podrá medirse con la ejecución: tarifas reales congeladas, una inversión comprometida de casi $3 billones y una empresa que deberá sostener el servicio sin contar con una revisión tarifaria ordinaria durante cinco años. La calidad del resultado dependerá menos del anuncio de los montos que de su ejecución, financiamiento y verificación efectiva.