El Gobierno argentino extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para presentar ofertas por AySA, la empresa estatal que presta los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano. Las propuestas deberán presentarse antes de las 9:59 y la apertura de la primera etapa está prevista para las 10 de ese mismo día, en lugar del 27 de agosto original.
La prórroga fue instrumentada mediante la Resolución 1386/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el 25 de agosto y publicada al día siguiente. La norma sostiene que la extensión busca ampliar la participación y resguardar la competencia, la publicidad y la transparencia. La plataforma de contrataciones la clasificó como una modificación realizada de oficio y no como una respuesta formal a consultas de potenciales oferentes.
La operación ofrece al futuro operador estratégico la participación estatal completa del 90% en AySA. El 51% funciona como piso obligatorio para la adjudicación mediante licitación pública, mientras que cualquier proporción no adquirida podría venderse posteriormente en los mercados locales. El 10% restante pertenece a los empleados de la compañía desde 2006 y no forma parte de la transacción.
El comprador recibiría una concesión de 30 años, prorrogable por otros 10. El contrato fue aprobado en abril de 2026 y firmado el 7 de mayo, mientras que el Ente Regulador de Agua y Saneamiento fijó el 21 de agosto el esquema tarifario para el primer ciclo regulatorio, entre 2027 y 2031. Ese marco establece una rentabilidad real de 8,90% y una base de activos regulatoria inicial cercana a los 790.000 millones de pesos, sin revisión tarifaria ordinaria durante ese primer período.
La licitación no tiene precio base. El Gobierno habría estimado una recaudación de alrededor de US$500 millones, aunque esa cifra no constituye una valuación oficial. El atractivo financiero de la operación queda así atado a la combinación entre el precio que surja de la competencia, la capacidad de cobrar tarifas y las obligaciones de inversión que recaerán sobre el adjudicatario.
El contrato exige desembolsos de US$1.940 millones durante los primeros cinco años y de aproximadamente US$15.000 millones a lo largo de las tres décadas de concesión. AySA atiende a una población estimada en 14 millones de personas; según sus cifras de 2024, el agua alcanza al 75% del área cubierta y el saneamiento al 63%, con niveles considerablemente menores en los distritos incorporados en 2017 y 2018. La empresa redujo su dotación desde unos 7.800 trabajadores a fines de 2023 hasta poco más de 6.000 al cierre de 2025.
La principal incertidumbre no es comercial sino jurídica. En junio, un juzgado administrativo provincial de La Plata suspendió la privatización hasta que se determinen y garanticen los pasivos ambientales acumulados de AySA. La sentencia también impidió reducir las inversiones y los estándares de calidad. El juez se declaró luego incompetente sobre el fondo y remitió el expediente a la Justicia federal; el Gobierno apeló el 30 de junio, pero no está establecido si la medida cautelar fue levantada.
A esa causa se sumó una acción presentada el 22 de agosto por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El planteo cuestiona que el comprador pueda postergar obras estructurales durante diez años y objeta la posibilidad de desconectar a hogares con facturas impagas durante 60 días. No se informó una cautelar favorable en ese expediente, pero la coexistencia de litigios introduce un riesgo adicional para cualquier oferente que deba comprometer capital por décadas.
La extensión pretende ampliar la competencia en una operación que combina una rentabilidad regulada con obligaciones de inversión muy elevadas. Para que ese diseño atraiga capital privado, no alcanza con definir una tarifa inicial: también resulta decisivo que el contrato sea ejecutable, que las reglas sobrevivan a las disputas judiciales y que los pasivos ambientales estén claramente asignados. Mientras esa definición permanezca abierta, el plazo adicional puede ampliar la concurrencia, pero no elimina la incertidumbre que deberá reflejarse en las ofertas.



