La ANMAT prohibió en todo el país la elaboración, el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de los productos domisanitarios de la marca Lenis. La medida también alcanza a las plataformas de venta electrónica y se mantendrá hasta que los artículos sean regularizados.

La disposición incluye limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos para acabado de superficies, desinfectantes, aguas lavandinas y productos para el tratamiento del agua de piscinas. También abarca cualquier otro producto domisanitario comercializado bajo esa marca, sin importar el lote.

El organismo informó que los productos fueron detectados a partir de una consulta de un usuario y de tareas de fiscalización sobre publicaciones en redes sociales y páginas de venta digital. Según la verificación realizada, los artículos no contaban con registro ante la ANMAT ni se identificó un establecimiento responsable habilitado para producirlos.

La firma Grupo Euroquímica sería la responsable de los productos observados, de acuerdo con el relevamiento realizado por el organismo en redes sociales. La empresa fue notificada en un domicilio de Moreno, pero no respondió a la comunicación. La autoridad sanitaria bonaerense también informó que no tenía registros de esos productos en su jurisdicción.

La prohibición muestra el riesgo específico de la venta digital cuando un producto de uso cotidiano llega al consumidor sin que resulte visible quién lo fabrica, bajo qué condiciones fue elaborado o qué controles atravesó. En este caso, la ANMAT señaló que se desconocen las condiciones de manufactura, una incertidumbre relevante para artículos que pueden entrar en contacto con personas, superficies, alimentos o agua.

Para los compradores, el efecto inmediato es concreto: los productos Lenis no deberían ser ofrecidos ni vendidos en comercios físicos o plataformas electrónicas mientras no regularicen su situación. La medida también obliga a retirar la publicidad y distribución, aunque la disposición no informa cuántas unidades fueron comercializadas ni cuál es el alcance económico de la operación.

Para los vendedores y distribuidores, la norma eleva el costo de operar con mercadería de origen o trazabilidad inciertos. La exigencia de registros y habilitaciones puede funcionar como una barrera de entrada, pero también establece información mínima para que el precio no sea el único criterio de elección en un mercado donde un producto más barato puede ocultar riesgos que el comprador no puede evaluar por sí mismo.

La disposición no prueba por sí sola que los productos hayan causado daños ni identifica una sustancia peligrosa determinada. El fundamento de la medida es la falta de registro, la ausencia de un establecimiento habilitado y la imposibilidad de verificar sus condiciones de elaboración. Por eso, la señal principal es de control y trazabilidad, no de un daño sanitario ya comprobado.