Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, Argentina llegaba con una inflación anual del 211%, que más tarde alcanzaría casi el 290%, y una inflación mensual superior al 25%. El cuadro combinaba déficit fiscal, financiamiento monetario del gasto, depreciación persistente del peso, controles de capitales y una pérdida profunda de confianza en la moneda.
Cerca de los 1.000 días de gobierno, la inflación interanual se ubica alrededor del 33,5%. La desinflación fue impulsada principalmente por un ajuste fiscal agresivo, el fin del financiamiento monetario del Tesoro, la liberalización cambiaria y una mayor disciplina de política económica. También contribuyeron factores favorables como el crecimiento de las exportaciones, el aumento de la producción energética y el efecto de una base de comparación elevada.
El cambio central fue abandonar el gradualismo. El Gobierno recortó subsidios, redujo el gasto público, reorganizó dependencias estatales y convirtió el equilibrio fiscal en el eje de su programa. La decisión aceleró la corrección de desequilibrios que durante años habían sido postergados mediante emisión, controles y nuevas restricciones. La contracara fue un ajuste inmediato, con costos visibles para hogares y empresas.
Los mercados comenzaron a exigir pruebas de que el programa podía sostenerse. Esa evidencia apareció en la mejora de los fundamentos fiscales y externos y en la compresión de los spreads soberanos. Argentina sigue pagando una prima elevada frente a otros mercados emergentes y permanece por debajo del grado de inversión, pero la distancia respecto del universo de deuda distressed se redujo de manera significativa.
Las tres principales agencias de calificación elevaron la nota crediticia argentina durante la Presidencia de Milei. Fitch llevó al país a B- en mayo de 2026 y destacó la mejora fiscal y externa, el avance de las reformas y las mejores perspectivas de acumulación de reservas. S&P también ubicó la calificación en B-, mientras que Moody’s sacó a Argentina de la zona de mayor estrés crediticio y señaló una menor probabilidad de default y una mejora de los fundamentos económicos.
La estabilización no genera crecimiento por sí sola: reduce la incertidumbre que impide que el capital se comprometa. Con una política fiscal más ordenada, menor inflación y un régimen cambiario más flexible, se ampliaron las opciones de financiamiento y mejoró la relación con los organismos multilaterales. El vínculo con el Fondo Monetario Internacional empezó a girar en torno a un programa de estabilización y reformas, en lugar de limitarse a sostener un modelo que permanecía sin cambios.
La inversión extranjera comenzó a orientarse hacia la energía y la minería, sectores favorecidos por las reformas regulatorias y la mayor previsibilidad macroeconómica. Vaca Muerta, la producción agropecuaria y el potencial minero ofrecen activos capaces de atraer capital, pero su desarrollo depende de que la disciplina fiscal, la estabilidad normativa y el acceso al mercado cambiario sobrevivan a los ciclos políticos.
El proceso no fue gratuito ni homogéneo. Los ingresos reales cayeron con fuerza al comienzo del ajuste, la pobreza aumentó durante esa etapa y las tensiones sociales continúan. A eso se sumaron cuestionamientos políticos y las controversias vinculadas con la asociación de Milei al proyecto de criptomoneda LIBRA, un episodio que reabrió preguntas sobre criterio y gobernanza.
El desafío decisivo es convertir una estabilización todavía reciente en un orden duradero. Argentina ya atravesó otros períodos de mejora que terminaron con el regreso del déficit, la emisión y la pérdida de confianza. La diferencia actual es que la discusión de los inversores dejó de concentrarse exclusivamente en si era posible estabilizar la economía y empezó a girar sobre cuánto puede crecer. Para que ese cambio sea permanente, el Gobierno deberá preservar las reglas que permitieron recuperar previsibilidad sin desconocer los costos sociales y políticos que todavía pesan sobre el programa.
