El Gobierno asignará recursos para comenzar la construcción de una base naval y logística integrada en Ushuaia, según confirmó el canciller Pablo Quirno. El funcionario precisó que la medida estará instrumentada mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y que también se encuentra en preparación un decreto reglamentario junto con un proyecto de ley sobre las actividades vinculadas con las Islas Malvinas.

"Es una base naval y logística muy importante y estratégicamente localizada en un lugar fundamental de la Argentina", afirmó Quirno. La instalación tendrá funciones multipropósito, con énfasis en el apoyo logístico, la presencia en el Atlántico Sur y la conexión con la Antártida.

El canciller sostuvo que la base es una necesidad de larga data para el país. "Es algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo", dijo, y explicó que el proyecto busca fortalecer la presencia argentina en una zona que definió como estratégica por su ubicación y por su proximidad con el continente antártico.

Ante las consultas sobre el carácter de la instalación, Quirno aclaró que "es una base naval de apoyo logístico" y negó que se trate de una base ofensiva. Sin embargo, confirmó que habrá presencia militar, dado que las Fuerzas Armadas estarán a cargo de la logística y del cuidado del mar argentino.

La decisión forma parte de una batería de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en relación con la explotación de recursos naturales en las islas. Quirno señaló que el Gobierno prepara sanciones más severas contra las operadoras y contra quienes les brinden asistencia, ayuda o servicios.

"Es una un aumento de las penas" y la posibilidad de utilizar "el juicio en ausencia" fueron algunas de las herramientas mencionadas por el canciller. Según explicó, las sanciones podrían alcanzar no solo a las empresas operadoras, sino también a quienes colaboren con sus actividades, incluso si esas compañías tienen operaciones o vínculos en la Argentina.

Quirno también anticipó que la nueva legislación ampliará el alcance de la Ley 26.659, que actualmente se refiere a actividades hidrocarburíferas. "Se van a sumar otras actividades que cuando presentemos la ley van a estar ahí", sostuvo, aunque no detalló cuáles serán los sectores alcanzados.

El funcionario afirmó que dos empresas buscan explorar más de 60 pozos petroleros en las islas y que las compañías deberán evaluar si continúan allí o si mantienen actividades en la Argentina. "Van a tener que decidir si vamos a estar en Argentina en un sistema legal de reglas claras o en un lugar que está en disputa con licencias ilegales", expresó.

En materia fiscal, Quirno aseguró que la reasignación de partidas para Defensa no comprometerá el resultado de las cuentas públicas. "La reasignación de recursos no va a afectar nuestro equilibrio fiscal", afirmó, y agregó que los fondos fueron definidos en conjunto por la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía.

El canciller describió las medidas como una estrategia coordinada que incluye acciones diplomáticas, legales y económicas. Además, dijo que la Argentina envió notas de desistimiento a 29 países donde están radicadas compañías que, según el Gobierno, prestan apoyo logístico u operativo a las operadoras Navitas y Rockhopper.

Quirno confirmó asimismo que la Argentina busca respaldo explícito de países aliados, entre ellos Estados Unidos, Israel y Chile. Sobre este último país, destacó el comunicado emitido tras la reunión entre Milei y el presidente chileno José Antonio Kast, en el que se expresó apoyo a la posición argentina y rechazo político a la extracción de recursos en el área en disputa.