El presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas contra las empresas y los actores vinculados con proyectos de explotación petrolera en las Islas Malvinas, entre ellas un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659.
La decisión se conoce ante la previsión oficial de que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, inicie la explotación petrolera offshore en los próximos meses. Milei sostuvo que, si la Argentina no actúa, las empresas tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo ubicadas bajo el mar.
“Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”, afirmó el Presidente.
Según anunció, la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las islas. El Gobierno también fortalecerá los mecanismos de detección temprana y de intercambio de información para facilitar sanciones contra empresas, accionistas, directores y proveedores.
Además, Milei anticipó que las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos en las Malvinas sin autorización argentina serán inhabilitadas para operar en el territorio nacional. “Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad”, señaló.
El mandatario también anunció la firma de un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. El objetivo prioritario será construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades argentinas en telecomunicaciones.
En paralelo, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. La iniciativa prevé endurecer las sanciones y penas contra compañías vinculadas con operaciones no autorizadas, extender las mismas prohibiciones a sus proveedores e impedir que los infractores contraten con el sector público o privado en la Argentina.
El proyecto también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de la Cancillería, Defensa, inteligencia y Economía. El organismo definiría una política de aplicación transversal para todo el Estado y tendría facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que, según el Gobierno, amenacen la seguridad nacional.
Milei vinculó la capacidad de implementar estas medidas con el rumbo económico de su administración. “Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional”, sostuvo, y agregó que la normalización económica, la eliminación del cepo y el RIGI permitieron acelerar la inversión en metales, alimentos e hidrocarburos.
