ARCA aprobó el estudio de prefactibilidad presentado por Bunge Argentina para convertir la celda N° 5 de su complejo industrial de Ramallo en un depósito fiscal general. La instalación tendrá una capacidad total de 85.000 toneladas y quedará bajo la jurisdicción de la Aduana de San Nicolás.

El depósito ocupará una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados dentro de un predio industrial de 400 hectáreas. La mayor de las dos áreas contará con 8.000 metros cuadrados y capacidad para almacenar 67.000 toneladas, mientras que el compartimiento restante tendrá 2.000 metros cuadrados y podrá contener hasta 18.000 toneladas.

La resolución contempla el almacenamiento separado de harina de soja de origen boliviano y de otros productos agrícolas consignados a Bunge para operaciones de exportación o importación. La aprobación se encuadra en el régimen de depósitos fiscales generales previsto por la Resolución General AFIP 4352/2018 y sus modificatorias.

El paso aprobado no equivale todavía a la habilitación operativa. Bunge deberá iniciar el trámite correspondiente y completar los requisitos documentales, físicos y tecnológicos establecidos por la normativa vigente antes de que la celda pueda funcionar como depósito fiscal.

El expediente ya había recibido intervenciones de distintas áreas aduaneras, incluida la evaluación del sistema de circuito cerrado de televisión. ARCA indicó que los componentes tecnológicos presentados cumplen con las características mínimas exigidas para este tipo de instalaciones.

La importancia económica del trámite está en la escala y en la ubicación. Un depósito fiscal de 85.000 toneladas puede ampliar la capacidad disponible para custodiar mercadería bajo control aduanero y ordenar operaciones de comercio exterior en una zona vinculada con la actividad agroindustrial. El efecto concreto, sin embargo, dependerá de que la empresa complete la habilitación y de cómo se utilice la infraestructura.

La resolución también deja expuesto el costo regulatorio que separa una inversión física de su puesta en funcionamiento. Aunque Bunge ya presentó la documentación y obtuvo la aprobación de prefactibilidad, la operación queda sujeta a nuevas exigencias y controles estatales. Para la empresa, el beneficio potencial es contar con una instalación integrada a su complejo; para el sistema aduanero, el desafío será asegurar trazabilidad y control sin convertir el procedimiento en una demora adicional para el comercio exterior.