El Gobierno modificó el esquema de control sobre las actividades hidrocarburíferas vinculadas con la plataforma continental argentina y trasladó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto la autoridad de aplicación de la Ley 26.659. El decreto también incorpora nuevas exigencias para los proyectos que busquen ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida conecta la política energética, la disputa por la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur y el acceso a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

La norma establece que Cancillería deberá conducir los procedimientos administrativos destinados a investigar posibles actividades prohibidas por la ley. Entre ellas figuran la exploración o explotación de hidrocarburos sin habilitación argentina y la participación, contratación o prestación de servicios para empresas que operen sin esa autorización. Las sanciones previstas incluyen la inhabilitación por un plazo de entre cinco y veinte años y, cuando corresponda, la reversión de concesiones al Estado nacional o a las provincias.

El decreto busca acelerar esos procesos. Los organismos de la Administración Pública Nacional deberán informar a la autoridad de aplicación, dentro de cinco días hábiles, cualquier hecho que pudiera configurar una infracción. Una vez abierto el sumario, el presunto infractor tendrá diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Luego, la autoridad deberá resolver en otros diez días hábiles desde el descargo, el vencimiento del plazo o la finalización de la etapa probatoria.

El cambio institucional no es menor: la aplicación de una norma con efectos sobre permisos, concesiones y contratos petroleros queda formalmente articulada con la estrategia diplomática argentina. El decreto sostiene que esa coordinación permitirá responder con mayor rapidez frente a actividades que el Estado considera ilegales en los espacios marítimos vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La eficacia real dependerá, sin embargo, de la capacidad de los organismos para compartir información y sostener procedimientos con garantías suficientes para los involucrados.

La novedad con impacto directo sobre la inversión aparece en el RIGI. Desde ahora, los vehículos de proyecto único deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren el cumplimiento actual y futuro de la Ley 26.659, no solo por parte del propio proyecto sino también de las personas humanas o jurídicas con participación directa o indirecta. Antes de resolver la adhesión, la autoridad competente deberá requerir obligatoriamente la intervención del organismo encargado de aplicar esa ley.

La exigencia también alcanza a quienes soliciten permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones previstos por la Ley de Hidrocarburos. Las personas jurídicas deberán declarar que tampoco sus socios, accionistas o participantes directos o indirectos incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas. El alcance sobre las estructuras societarias agrega una condición de cumplimiento que puede obligar a profundizar la trazabilidad de capitales, socios y contratistas antes de avanzar con un proyecto.

La decisión refuerza la señal de que los beneficios del RIGI no operarán como una garantía aislada frente a cualquier incumplimiento regulatorio. La estabilidad normativa y los incentivos del régimen quedan vinculados a la observancia de las reglas sobre actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental. Para las empresas, eso puede elevar los costos de evaluación y cumplimiento, pero también delimita con mayor precisión una condición que el Gobierno considera compatible con la seguridad jurídica: el Estado no otorgará ventajas especiales a quienes, según sus propios procedimientos, violen las prohibiciones vigentes.

El decreto entra en vigencia el día siguiente a su publicación y modifica, además, la reglamentación aplicable a los permisos y concesiones hidrocarburíferas. El efecto inmediato no es la prohibición general de nuevas inversiones, sino la incorporación de filtros adicionales y la concentración de la revisión en Cancillería. Para los proyectos energéticos, la variable relevante será cuánto demoren esas intervenciones y si logran ofrecer una respuesta previsible: una regulación más firme puede proteger activos estratégicos, pero un trámite incierto también puede encarecer el capital y postergar decisiones de inversión.