El Gobierno inició procedimientos sancionatorios contra 41 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y en la plataforma continental argentina, según informó la Oficina del Presidente.
La medida fue dispuesta por Javier Milei y ejecutada por la Cancillería en el marco del artículo 2 de la Ley 26.659, que establece prohibiciones y sanciones para quienes participen de iniciativas hidrocarburíferas en territorios reclamados por la Argentina.
“Esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26,659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica”, había anticipado Milei durante la cadena nacional.
El alcance de las actuaciones no se limitaría a las compañías que operan en la zona. El comunicado oficial indicó que también podrían quedar alcanzados accionistas y empresas que les hayan prestado servicios, mientras que durante el programa se señaló que la aplicación de la norma podría extenderse a directivos.
La legislación contempla que las empresas sancionadas queden imposibilitadas de desarrollar actividades en la Argentina. Esa disposición conecta la disputa por la explotación offshore con los proyectos de inversión en el continente, en particular con aquellos vinculados a Vaca Muerta y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El momento de la decisión está relacionado con el avance operativo de los proyectos petroleros en las islas. Según se explicó, hasta ahora las compañías habían concentrado sus esfuerzos en reunir financiamiento, pero comenzaron a cerrar contratos para trasladar barcos e instalar plataformas con el objetivo de iniciar perforaciones en enero.
El Ejecutivo también anunció un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa y construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, junto con un incremento de las capacidades de telecomunicaciones. “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, sostuvo Milei.
La Casa Rosada presentó las sanciones y la infraestructura militar como parte de una estrategia diplomática, no como el inicio de un conflicto bélico. El mensaje presidencial sostuvo que la Argentina busca recuperar las islas por la vía diplomática, mientras que las nuevas medidas apuntan a elevar el costo económico y operativo de la explotación de recursos en el área disputada.
En el mismo discurso, Milei vinculó la política sobre Malvinas con el flujo de inversiones del RIGI. Afirmó que ya había más de US$45.000 millones en proyectos aprobados y otros US$150.000 millones a la espera de aprobación, aunque esas cifras fueron presentadas como parte de la exposición presidencial y no como un dato independiente dentro del anuncio sancionatorio.
