El Gobierno aprobó un nuevo proceso productivo para la fabricación de equipos acondicionadores de aire en Tierra del Fuego, una modificación regulatoria que alcanzará tanto a los productos nuevos como a los que ya cuentan con acreditación de origen vigente. La medida comenzará a regir el 15 de diciembre de 2026 y reemplazará el esquema aprobado en 2018.

La resolución establece que las empresas que actualmente producen bajo el proceso anterior tendrán un plazo máximo de 180 días corridos desde la entrada en vigencia para adecuar sus operaciones. Cumplido ese período, deberán tramitar un nuevo inicio de producción ante la autoridad aduanera, incluso para productos que ya tenían acreditado su origen.

El cambio no consiste solo en una actualización formal de requisitos. La norma define la nueva secuencia de operaciones como una “transformación sustancial” a los efectos del régimen fiscal y aduanero de la Ley 19.640. Esa calificación es central para que los equipos puedan mantener el tratamiento previsto para los bienes originarios del área especial.

La iniciativa había sido propuesta por la Unión Industrial Fueguina y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. La provincia de Tierra del Fuego intervino a través de la Comisión para el Área Aduanera Especial, cuyos integrantes analizaron la propuesta antes de que la Secretaría de Coordinación de Producción aprobara el nuevo esquema.

Para las empresas, el efecto inmediato será regulatorio y operativo: deberán revisar sus procesos, adaptar documentación y volver a gestionar autorizaciones de inicio de producción. La obligación agrega una instancia de cumplimiento y puede modificar la organización de la fabricación, aunque la resolución no detalla en su texto principal cuáles son las operaciones específicas incorporadas o eliminadas; esa descripción está contenida en el anexo.

La norma también contempla a las compañías que todavía tienen porcentajes de integración local pendientes de cumplimiento. En esos casos, deberán presentar ante la Comisión para el Área Aduanera Especial un cronograma para completar esa integración dentro de un año desde el inicio de la producción bajo el nuevo proceso. Si no cumplen, la situación podrá ser considerada un incumplimiento y la comisión podrá exigir nuevas garantías a favor de la Dirección General de Aduanas.

El punto de fondo es que el régimen fueguino vuelve a utilizar el proceso productivo como condición para definir el acceso a un beneficio aduanero y fiscal. Para las industrias instaladas, la actualización puede ordenar los requisitos tecnológicos y de integración, pero también eleva el costo de adaptación y vuelve más relevante la capacidad de cumplir con trámites, plazos y controles. Para nuevos participantes, ese entramado puede funcionar como una barrera de entrada si las exigencias resultan difíciles de alcanzar.

El impacto sobre los precios de los acondicionadores de aire no puede determinarse con la información disponible. Sí puede anticiparse que cualquier cambio en los procesos, en la integración local o en las garantías exigidas incidirá en la estructura de costos de las empresas. La magnitud final dependerá de lo que establezca el anexo técnico y de cómo se aplique el régimen durante la transición.