La administración de Donald Trump habilitó el ingreso de carne vacuna sin aranceles desde Argentina, Brasil y otros países con el objetivo de contener los precios en Estados Unidos. El esquema contempla una pausa arancelaria para 300.000 toneladas durante 90 días, que deberían venderse con una rebaja del 25% frente al precio de mercado.
Trump presentó la medida como una forma de aliviar el costo de los alimentos para los consumidores estadounidenses y, al mismo tiempo, permitir que los productores locales recompongan sus rodeos. “Viene de Argentina. Viene de Brasil”, afirmó durante un acto en la Casa Blanca, donde sostuvo que los inspectores estadounidenses ya trabajan en los países proveedores y que la carne cumple con las condiciones sanitarias requeridas.
La apertura puede ampliar las oportunidades para los exportadores argentinos y brasileños, aunque su impacto dependerá del volumen efectivamente colocado, de la duración de la pausa y de la capacidad de los proveedores para cumplir con los requisitos de inspección. Por ahora, el anuncio establece una ventana acotada y no una liberalización permanente del mercado estadounidense.
La medida también expone una tensión central del negocio cárnico: una mayor oferta importada puede moderar los precios para los consumidores, pero reduce el margen de protección de los ganaderos locales. La industria estadounidense y legisladores republicanos cuestionaron que el alivio para los compradores se financie con una presión adicional sobre los productores nacionales.
El Gobierno de Trump respondió que la apertura será limitada y que los ganaderos estadounidenses también necesitan precios más bajos. La contradicción refleja el costo de sostener simultáneamente precios elevados para incentivar la recomposición del rodeo y precios accesibles para los consumidores: ambas metas no pueden alcanzarse sin afectar los márgenes de alguno de los participantes de la cadena.
El anuncio quedó además rodeado por cuestionamientos políticos y empresariales. The Wall Street Journal informó que Trump se reunió con Joesley Batista, quien comparte el control de JBS, un día antes de comunicar la pausa arancelaria. Joesley y Wesley Batista habían sido multados en 2020 por el Departamento de Justicia estadounidense en un caso relacionado con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
La discusión sanitaria también tendrá peso. La pausa se produjo después del retiro de casi 30.000 libras de carne argentina distribuidas en Texas y Florida, un episodio que puede aumentar el escrutinio sobre los controles y la trazabilidad de los embarques. La entrada al mercado estadounidense dependerá, por lo tanto, tanto del acceso arancelario como de la confianza en la fiscalización.
Trump firmó además una orden para facilitar que los propios ganaderos y agricultores faenen, procesen, empaqueten y vendan sus productos. La administración busca así reducir la dependencia de los grandes frigoríficos, a los que el presidente acusó de ejercer un “monopolio” en el sector. Tyson Foods, JBS, Cargill y National Beef Packing concentran, según la Casa Blanca, el núcleo de los grandes procesadores estadounidenses.
El Gobierno también impulsa el etiquetado obligatorio del país de origen para toda la carne vacuna importada, aunque Trump reconoció que su implementación requerirá pasar por el Congreso. Para Argentina y Brasil, el nuevo esquema combina una oportunidad comercial concreta con mayores exigencias de identificación, inspección y competencia en un mercado que Washington intenta abaratar sin desarticular la producción local.


