Rockhopper y Navitas ratificaron que continuarán adelante con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas, pese al anuncio del presidente Javier Milei sobre posibles sanciones a empresas que exploten recursos naturales en territorios cuya soberanía reclama la Argentina.

Las compañías, asociadas para desarrollar el yacimiento, sostuvieron que la operación cuenta con las autorizaciones de las autoridades británicas y del gobierno de las islas. “Nosotros tenemos los permisos del gobierno de las islas, del gobierno británico. No necesitamos ningún permiso a Argentina”, afirmaron en un comunicado conjunto.

Rockhopper y Navitas agregaron que el proyecto ya tiene contratos de largo plazo con proveedores y empresas vinculadas a la explotación. “La operación está avanzada, ya hay contratos a largo plazo establecidos que van a cumplirse y vamos a seguir adelante con la explotación del petróleo”, señalaron.

La etapa de exploración ya habría finalizado y el plan contempla comenzar la extracción en marzo de 2028, con una producción estimada de 55.000 barriles diarios. La existencia de contratos firmados eleva el costo de una eventual interrupción y limita el impacto inmediato de una amenaza que todavía no tiene, según lo informado, un esquema de aplicación detallado.

El anuncio argentino tuvo una primera repercusión bursátil. Las acciones de Rockhopper llegaron a caer 9% en la Bolsa de Londres, mientras que Navitas perdió 4,5% en Tel Aviv, aunque luego ambas cotizaciones recuperaron parte del terreno.

La eventual medida también alcanzaría a subcontratistas. Entre las empresas mencionadas aparece Blue Water Energy Services, vinculada al barco Aokamisu FPSO, una unidad que sería utilizada para encabezar las tareas de explotación de Sea Lion.

La aplicación de sanciones enfrenta dificultades operativas porque parte de los contratos fue estructurada mediante distintos proveedores y, según lo señalado, existen acuerdos cuyo beneficiario final no resulta sencillo de identificar. Esa red contractual podría dificultar que la Argentina determine qué compañías quedan alcanzadas y cómo hacer efectiva la presión sobre firmas que operan bajo jurisdicciones extranjeras.

En el plano diplomático, el Reino Unido rechazó cualquier negociación sobre la soberanía de las islas. El canciller Ed Miliband sostuvo que existe una posición transversal entre los partidos británicos: “No hay absolutamente nada que negociar”.

El secretario de Defensa británico calificó la estrategia de Milei como “ingeniosa”, aunque consideró que su efecto sería más relevante para la política doméstica argentina que para modificar la situación de soberanía. El conflicto también encendió una señal de cautela entre empresas británicas con interés en Vaca Muerta y otros proyectos energéticos y mineros argentinos.