El Gobierno avanza con procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas con la exploración y las operaciones petroleras en las Islas Malvinas y en la plataforma continental.
La nómina incluye a Rockhopper y Navitas Petroleum, las compañías que participan de los proyectos de hidrocarburos en las islas, además de accionistas y empresas proveedoras de servicios relacionadas con esas operaciones.
Entre los actores mencionados aparecen Fénix Holdings, vinculada con capitales israelíes y accionista de Navitas, el empresario israelí Jacob Katz y Avanza Bank Holding, un holding relacionado con el mercado financiero.
El listado también incorpora compañías de Kazajistán, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca y el Reino Unido. Además, figura una empresa de los Países Bajos como proveedora de servicios para el proyecto Sea Lion.
La ampliación de la lista más allá de las empresas directamente involucradas apunta a alcanzar a accionistas, financistas y proveedores que integran la cadena de servicios del desarrollo petrolero. El alcance efectivo de las medidas dependerá de los instrumentos legales que utilice el Ejecutivo y de su capacidad para aplicarlos fuera de la jurisdicción argentina.
Rockhopper y Navitas ratificaron su decisión de continuar con la exploración petrolera luego del anuncio del Gobierno. Las compañías sostienen que cuentan con autorizaciones de las autoridades de las islas y del Reino Unido.
La documentación presentada a inversores extranjeros describe proyectos en la cuenca norte de las Malvinas y en el área denominada Gran Mediterráneo. Según lo expuesto, Rockhopper identifica un potencial exploratorio de 207 millones de barriles brutos y menciona un proyecto con recursos descubiertos estimados en 520 millones de barriles.
El Gobierno también prepara una modificación de la legislación sancionada en 2011 y reformada en 2013. La iniciativa buscaría ingresar al Congreso el miércoles próximo, con la intención de darle prioridad en el tratamiento parlamentario, primero en comisiones y luego en el recinto.
La disputa suma un frente económico para el desarrollo offshore argentino: las sanciones podrían afectar no solo a las operadoras, sino también a empresas internacionales que presten servicios o canalicen inversiones hacia los proyectos petroleros en las islas.
El debate legislativo se dará en paralelo con la discusión sobre el presupuesto de defensa y el financiamiento de la base naval integrada de Ushuaia. En el programa se señaló que la Argentina destina actualmente el 0,48% del producto a defensa y que el Gobierno busca reforzar los recursos asignados al área.
