El canciller Pablo Quirno explicó el alcance de la base naval integrada que el Gobierno proyecta construir en Tierra del Fuego y la vinculó con la logística antártica, el monitoreo marítimo y la valorización de activos estratégicos argentinos.

“Bueno, básicamente nosotros consideramos que Tierra del Fuego es el punto eh neurálgico del Atlántico Sur”, afirmó Quirno al describir el papel que la administración de Javier Milei pretende asignarle a la provincia.

Según el canciller, la ubicación ofrece “el acceso eh más eh corto y más accesible a la Antártida”. En ese marco, señaló que la infraestructura podría prestar servicios logísticos a países que también desarrollan actividades en el continente antártico.

Quirno agregó que la base también serviría para el control de la plataforma marítima argentina. “Entonces ahí hay una cuestión de servicios políticos, servicios logísticos, perdón, que que se pueden dar a los países que también están actuando en en Antártida y también nos sirve para el monitoreo de nuestro propio margentino, que es muy muy extenso”, sostuvo.

El funcionario rechazó que el proyecto haya sido acordado con Estados Unidos o que implique ceder el control de la instalación. “Nosotros, o sea, tomamos las decisiones eh por nuestra propia por nuestro propio interés y por nuestro defendiendo los intereses argentinos”, dijo.

La iniciativa se integra con la nueva postura oficial sobre las empresas que operan en el área de Malvinas. Quirno afirmó que “esta posibilidad se da justamente eh por la valorización de nuestros activos estratégicos”.

En ese sentido, planteó que las compañías deberán evaluar el riesgo jurídico de continuar sus actividades en una zona cuya soberanía es disputada frente a las condiciones ofrecidas por la Argentina. “Las empresas eh que operen en Malvinas eh van a tener que decidir si opero en Malvinas, en una zona disputada con una legalidad incierta o vienen a Argentina a hacer sus negocios también eh para eh porque tenemos reglas claras, previsibilidad y un enorme potencial en diferentes sectores”, expresó.

Durante la jornada, además, se indicó que 180 empresas ya fueron emplazadas en relación con las medidas anunciadas por el Gobierno. El dato abre una disputa concreta sobre el alcance de las sanciones y sobre la capacidad oficial para hacerlas cumplir sin afectar servicios, proveedores e inversiones vinculadas con la actividad petrolera.

La definición de la base y el eventual endurecimiento de las condiciones para operar en Malvinas agregan una dimensión económica a la disputa de soberanía: la Argentina busca utilizar el acceso a sus activos, servicios logísticos y recursos del Atlántico Sur como incentivo para atraer operaciones hacia el territorio continental y fueguino.