Argentina inició un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas acusadas de participar en actividades hidrocarburíferas no autorizadas alrededor de las islas Malvinas, que Buenos Aires denomina Islas Malvinas y cuya soberanía reclama. La medida apunta a la exploración y explotación asociada al proyecto Sea Lion, uno de los desarrollos petroleros offshore de mayor relevancia en la zona.

La ofensiva no se limita a las compañías que operan directamente. La Presidencia de Javier Milei advirtió que el procedimiento también puede alcanzar a accionistas y empresas proveedoras de servicios que faciliten las operaciones. El alcance amplía la exposición potencial de toda la cadena de contratistas y eleva la incertidumbre contractual para cualquier firma vinculada con el proyecto.

Sea Lion es operado por la británica Rockhopper Exploration junto con la israelí Navitas Petroleum. Ambas compañías prevén comenzar la extracción dentro de los próximos dos años, con una producción anticipada para 2028. Milei calificó el desarrollo como una amenaza inmediata para el reclamo argentino y sostuvo que, sin una acción rápida, empresas extranjeras podrían acceder al petróleo ubicado debajo de aguas que Argentina considera propias.

La reacción inicial de los mercados mostró el costo económico de la escalada. Las acciones de Rockhopper cayeron 6,4% luego de las amenazas argentinas. La baja refleja la incorporación de un riesgo político y regulatorio que no depende solamente de la viabilidad geológica o financiera del yacimiento, sino también de la capacidad de los gobiernos para afectar permisos, proveedores y operaciones.

Rockhopper y Navitas, sin embargo, afirmaron que las nuevas medidas no tendrán un efecto material sobre sus planes. El proyecto opera bajo licencias del Reino Unido, y sus compañías sostienen que continuarán avanzando con la perforación. La divergencia entre esa posición y el proceso sancionatorio argentino deja abierta una disputa sobre la ejecutabilidad de los contratos y sobre quién asumirá los costos si la presión oficial alcanza a los prestadores de servicios.

Londres rechazó las sanciones y reafirmó su compromiso con las islas. El Gobierno británico sostiene que los habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales para beneficio económico propio como parte de su derecho a la autodeterminación. En un referéndum celebrado en 2013, el 99,8% de los isleños votó a favor de continuar como territorio británico de ultramar.

Buenos Aires, en cambio, reafirmó su reclamo sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. La administración de Milei sostiene que la soberanía argentina deriva de la herencia territorial española y considera ilegal la ocupación británica iniciada en 1833. También anunció planes para reforzar sus capacidades de defensa con una nueva base naval en Tierra del Fuego.

El conflicto ingresa así en una etapa más sensible porque la disputa territorial coincide con el paso de la exploración a la explotación petrolera. Las sanciones no detienen por sí mismas el proyecto, pero agregan riesgo operativo, financiero y reputacional a sus accionistas y proveedores. Para las empresas, el desafío ya no consiste únicamente en encontrar petróleo y financiar la infraestructura: también deben operar en un escenario donde dos Estados sostienen posiciones incompatibles sobre la autoridad que habilita el desarrollo.