El nuevo régimen penal juvenil comenzó a regir este sábado en todo el país, luego de que la reforma fuera sancionada por el Congreso, publicada en el Boletín Oficial y cumpliera el plazo de 180 días previsto para su implementación.

El principal cambio es que los adolescentes pueden ser imputados desde los 14 años. Para los delitos con penas de hasta tres años no se contempla una prisión efectiva, mientras que para los delitos graves se habilita una pena de prisión de hasta 15 años.

La reforma mantiene una diferencia respecto del sistema penitenciario de adultos: los menores no serán enviados a penales comunes antes de cumplir los 18 años. En los casos más graves, la pena se cumpliría en institutos de régimen cerrado destinados a adolescentes.

El nuevo esquema también incorpora sanciones y medidas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas amonestaciones, programas educativos, tareas comunitarias, restricciones y monitoreo. Además, prevé un seguimiento permanente de los menores en conflicto con la ley.

El proceso judicial será de carácter sumarísimo y establece plazos más breves para fiscales, jueces y defensores. La implementación, sin embargo, puede aumentar la cantidad de expedientes en los fueros penales juveniles, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra buena parte de los delitos mencionados durante el debate.

El abogado penalista Leonardo Sigal cuestionó la capacidad operativa del sistema para aplicar la reforma. “El presupuesto no alcanza”, afirmó, y advirtió que los institutos de menores están “sobrepasados” y “abarrotados”, con falta de personal e infraestructura deficiente.

Sigal también señaló que la baja disponibilidad de recursos alcanza al Poder Judicial bonaerense. Según explicó, hay fiscales y defensores oficiales con una carga de trabajo elevada, mientras que algunos integrantes de la justicia renuncian por los salarios. “La ley está llena de buenas intenciones, pero sin plata no se resuelve nada”, sostuvo.

El desafío de la reforma será convertir las nuevas obligaciones legales en capacidad efectiva de prevención, custodia, educación y seguimiento. La ampliación del alcance penal, sin recursos suficientes para sostener los institutos y acelerar los procesos, puede dejar expuesta la distancia entre el diseño normativo y su aplicación concreta.