La disputa por las Malvinas sumó una dimensión comercial más concreta: Argentina abrió un proceso de sanciones contra 45 empresas y ejecutivos vinculados con trabajos petroleros en las islas, mientras una misión empresarial busca establecer una nueva ruta marítima entre Chile y el archipiélago y sectores políticos británicos reclaman usar el comercio como instrumento de presión.

La ofensiva argentina se apoya en la Ley 26.659, aprobada en 2011, que penaliza la exploración o producción de hidrocarburos sin permiso argentino en la plataforma continental y también alcanza a quienes brinden apoyo directo o indirecto. Las penas pueden llegar a 15 años de prisión. El decreto firmado por Javier Milei aceleró la aplicación del régimen y permitió confeccionar la lista más amplia hasta ahora.

Entre los nombres aparecen Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, JHI Associates, Noble Corporation y Fugro. Los 45 sujetos pertenecen a ocho países e incluyen empresas y personas, aunque la comunicación oficial no separó ambas categorías. La mayoría de las firmas no tiene activos en Argentina, por lo que el efecto inmediato sobre sus operaciones es limitado y la presión se concentra en bancos, aseguradoras, contratistas y futuras oportunidades comerciales.

La diferencia entre una sanción formal y una interrupción operativa resulta relevante. Rockhopper fue sancionada en 2013 y continúa vinculada con el proyecto petrolero, mientras que Halliburton, Baker Hughes y SLB rechazaron participar en los trabajos alrededor de las islas. También declinaron intervenir tres empresas relacionadas con Vaca Muerta, que sí tienen activos y negocios expuestos dentro de Argentina.

En paralelo, unas 25 personas de negocios de las islas viajarán a Punta Arenas para reunirse con proveedores chilenos el 28 y 29 de septiembre. La empresa naviera chilena Easter Island Naviera y la Falkland Islands Development Corporation firmaron un contrato para impulsar una segunda conexión marítima sudamericana, además del vínculo existente con Montevideo. El primer viaje está previsto para noviembre de 2026, sujeto a aprobaciones, demanda y condiciones operativas.

El proyecto enfrenta un costo político y regulatorio. Chile respalda el reclamo argentino sobre la soberanía de las islas, pero su cancillería sostuvo que se trata de un proyecto entre privados que debe cumplir con las normas vigentes. Para Magallanes, el incentivo es comercial: el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, estima que la región perdió unos US$300 millones desde 2011, cuando Mercosur prohibió el ingreso de embarcaciones con bandera de las islas a sus puertos.

La tensión también rozó el estrecho de Magallanes. Luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, describiera al estrecho, el extremo sur y el pasaje de Drake como una “llave bioceánica” donde Argentina debe mantener presencia, la Cancillería reafirmó que los tratados de 1881 y 1984 están plenamente vigentes y son definitivos. Chile interpretó esa aclaración como un intento de descomprimir el conflicto.

En Londres, el diputado conservador Tom Tugendhat reclamó que el primer ministro británico, Andy Burnham, bloquee el ingreso de Argentina al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como CPTPP, mientras Buenos Aires mantenga sus reclamos y sanciones sobre las islas. El Reino Unido obtuvo acceso pleno al bloque este mes, que reúne a 11 países y representa un producto bruto combinado de unos £13 billones. La demanda británica busca convertir una eventual adhesión argentina en una herramienta de negociación diplomática.

El resultado es una disputa que ya no se limita a declaraciones de soberanía. La Argentina intenta elevar el costo legal y financiero de la exploración petrolera; las islas buscan alternativas logísticas; Chile procura capturar actividad para sus proveedores sin abandonar su posición diplomática; y sectores británicos amenazan con trasladar el conflicto a la arquitectura comercial del Pacífico. Cada medida agrega fricciones, reduce el espacio para acuerdos privados y encarece rutas, financiamiento y contratación en una zona donde la geopolítica empieza a pesar tanto como la rentabilidad del proyecto.