La disputa por Malvinas dejó de ser solamente una controversia de soberanía y empezó a traducirse en decisiones concretas de inversión, provisión de servicios y acceso a mercados. SLB, Halliburton y Baker Hughes, las tres mayores empresas globales de servicios petroleros, anunciaron que no participarán en trabajos vinculados con el proyecto Sea Lion, en aguas reclamadas por Argentina y administradas por las islas bajo control británico.

Las compañías atribuyeron sus decisiones al Decreto 868/26, publicado por Argentina el 4 de septiembre. La norma acelera la aplicación de la Ley 26.659, que permite excluir durante períodos de entre cinco y veinte años a empresas que participen sin autorización argentina en actividades hidrocarburíferas sobre la plataforma continental reclamada por el país.

El alcance de la medida también se amplió. Ya no apunta solamente a los operadores directos: incorpora a accionistas, directores y proveedores, y permite excluir a los infractores del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno argentino abrió procedimientos contra 45 empresas y personas, aunque todavía no aplicó sanciones y los involucrados cuentan con diez días hábiles para presentar descargos.

La amenaza regulatoria alcanza a una cadena mucho más extensa que la perforación. El canciller Pablo Quirno sostuvo que unas 180 empresas, entre aseguradoras, bancos y proveedores petroleros, deberán elegir entre trabajar en las islas o mantener sus negocios en Argentina. Esa decisión convierte el acceso al mercado argentino en una herramienta de presión sobre operadores internacionales, pero también eleva el costo de hacer negocios en actividades sujetas a disputas territoriales.

Por ahora, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration mantienen el cronograma de Sea Lion. Navitas, con una participación del 65%, es la operadora del proyecto, mientras que Rockhopper posee el 35% restante. Sus socios tomaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025, con un presupuesto inicial cercano a US$1.800 millones; esperan comenzar la perforación a principios de 2027 y obtener el primer petróleo en 2028. En septiembre afirmaron que las medidas recientes no tendrán un efecto material sobre esos plazos.

La continuidad formal del proyecto no elimina el problema operativo. La salida simultánea de los tres principales proveedores globales reduce la competencia disponible y puede obligar a contratar servicios más caros, reorganizar la cadena de abastecimiento o aceptar mayores riesgos de ejecución. La respuesta de YPF, que agradeció públicamente a las tres empresas por seguir apostando por Argentina, expone la tensión: las mismas firmas que evitan Sea Lion son consideradas estratégicas para el desarrollo petrolero argentino.

El conflicto también empezó a contaminar la agenda comercial. El secretario de Relaciones Exteriores en la oposición británica, Tom Tugendhat, pidió que el Reino Unido bloquee el eventual ingreso de Argentina al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) hasta que Buenos Aires abandone lo que calificó como amenazas sobre Malvinas. El Reino Unido obtuvo acceso pleno al pacto este mes, y el bloque reúne a 11 países con un producto bruto combinado de alrededor de £13 billones. La presión británica no demuestra que exista una decisión tomada sobre el ingreso argentino, pero sí muestra que la disputa puede convertirse en una condición política para ampliar vínculos comerciales.

La dimensión internacional agrega incertidumbre. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que está revisando la posición tradicional de Washington sobre la soberanía británica, mientras que el principal proyecto petrolero de las islas tiene como operador a la israelí Navitas. Argentina suspendió en enero su promesa de trasladar la embajada a Jerusalén en medio de las tensiones por la explotación petrolera, aunque Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantuvieron una relación estrecha.

La señal económica es clara: una disputa territorial puede modificar precios relativos, acceso a financiamiento, disponibilidad de proveedores y oportunidades comerciales sin necesidad de que se dispare una sanción formal. Argentina busca elevar el costo de operar en Malvinas y proteger su reclamo, pero al ampliar la amenaza a bancos, aseguradoras y proveedores también vuelve menos previsible el marco de inversión para compañías que necesitan conservar presencia en el país. Sea Lion todavía puede avanzar, pero cada etapa deberá incorporar un riesgo político y regulatorio mayor.