Un joven acusado en una causa por homicidio, que cumplía prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, fue detenido en San Justo tras participar presuntamente del robo de un automóvil. El operativo terminó con dos detenidos, de 17 y 18 años, luego de que sustrajeran un Fiat Argo a una mujer.

El episodio volvió a poner bajo la lupa la eficacia del monitoreo electrónico. La tobillera que llevaba uno de los jóvenes no habría alertado correctamente que había salido de su domicilio. “La pulsera no funcionaba, digamos, la tenían de adorno”, fue la descripción del caso.

La captura se produjo entre 10 y 15 minutos después del robo. La Policía, el centro de monitoreo y el comando de patrulla identificaron el vehículo en la zona de la avenida Brigadier General Manuel de Rosas, conocida como ruta 3, y avanzaron con la detención.

El resultado del operativo contrastó con la falla del dispositivo asignado al acusado. La localización de los sospechosos se habría concretado por el aviso del robo y el seguimiento del automóvil sustraído, no por una alerta efectiva de la tobillera.

El joven se encontraba bajo arresto domiciliario por una causa iniciada en 2024, vinculada con un homicidio en el que habría tenido participación. El hecho reabrió el debate sobre los controles aplicados a quienes reciben una morigeración de la pena y sobre la capacidad estatal para verificar el cumplimiento de esas condiciones.

El nuevo régimen penal juvenil comenzó a regir con una reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. También habilita la detención de menores a pedido de los fiscales y con autorización judicial, la apertura de procesos penales completos y la prisión preventiva según la gravedad del delito.

La normativa contempla alternativas de cumplimiento, entre ellas el uso de tobilleras electrónicas para menores en determinados casos. Para los delitos graves, establece penas equivalentes a las del régimen adulto, aunque fija un máximo de 15 años para los menores y excluye la prisión perpetua.

La ampliación del uso de estos dispositivos deja como punto crítico la capacidad operativa del sistema. “Va a ser clave que haya guita y haya seguimiento”, se planteó durante el análisis del caso, ante la posibilidad de que una herramienta pensada para sustituir o controlar una detención efectiva no funcione de manera adecuada.

El incumplimiento de las condiciones de una prisión domiciliaria debería derivar en la pérdida del beneficio, según lo señalado durante el análisis. Sin embargo, el episodio muestra que esa respuesta depende primero de que el dispositivo funcione, genere alertas confiables y exista un monitoreo capaz de actuar en tiempo real.