La Patagonia argentina empezó a aparecer en el radar de los desarrolladores de grandes centros de datos que buscan nuevas localizaciones para sostener la expansión de la inteligencia artificial. La región combina temperaturas bajas, recursos renovables, gas de Vaca Muerta y extensiones de tierra poco desarrolladas, mientras que en Estados Unidos crece la resistencia local a instalaciones que presionan las redes eléctricas y pueden elevar las tarifas.

El mercado argentino todavía es pequeño y está concentrado en Buenos Aires, por detrás de los proyectos que Amazon impulsa en Chile y Google construye en Uruguay. Esa desventaja, sin embargo, también deja espacio para una nueva infraestructura que podría instalarse cerca de los recursos energéticos, en lugar de depender exclusivamente de los centros urbanos y de la red nacional.

Pampa Energía analiza construir un centro de datos junto a su central de Loma de la Lata, en Neuquén, con un consumo potencial de hasta 500 megavatios abastecido por el gas de Vaca Muerta. La compañía está cotizando la energía a posibles inversores y apunta a alcanzar acuerdos iniciales hacia fines de 2026. Los interesados evalúan comenzar con un piloto de entre 20 y 40 megavatios antes de avanzar hacia la escala completa, cuya infraestructura eléctrica demandaría casi US$900 millones.

También en Neuquén, FlexDomes estudia una primera etapa de 120 megavatios de carga informática, con una inversión estimada en US$1.400 millones. En Chubut, Green Capital proyecta una instalación inicial de 300 megavatios y US$3.000 millones, con una eventual expansión hasta 3.000 megavatios. La empresa alquila unas 1.298 hectáreas al sur de Trelew para desarrollar parques eólicos y solares, con la intención de evitar el uso de la red nacional, aunque todavía necesita inversores y planea solicitar los beneficios del régimen de inversiones en 2027.

La competencia por captar estos proyectos también alcanza a la provincia de Buenos Aires. Pampa Energía acordó suministrar 30 megavatios para la primera etapa de un centro de datos en la zona franca de Bahía Blanca, donde ya comenzó la construcción de un parque tecnológico. Los acuerdos definitivos de inversión se esperan para fines de 2026.

El proyecto de mayor escala anunciado hasta ahora es el acuerdo entre OpenAI y Sur Energy para desarrollar una instalación alimentada con energía limpia, con una inversión de hasta US$25.000 millones y una capacidad potencial de 500 megavatios. La iniciativa todavía requiere definir el emplazamiento y firmar el contrato definitivo. A la vez, la agencia argentina de comunicaciones informó que busca crear una segunda estación de aterrizaje de cables de fibra óptica para mejorar la conectividad de la Patagonia.

El régimen de incentivo a las grandes inversiones, conocido como RIGI, es parte del atractivo para los desarrolladores porque ofrece beneficios impositivos y estabilidad regulatoria. Los inversores también siguen la propuesta de un Super RIGI, con reducciones tributarias mayores, y la elección presidencial de 2027. La incertidumbre sobre la continuidad de las reglas puede postergar decisiones de capital intensivo: una instalación de esta escala no se construye solo con una promesa de energía barata, sino con contratos previsibles, financiamiento y acceso confiable a las redes.

La disponibilidad de recursos naturales es una ventaja, pero no constituye por sí sola una infraestructura digital. Los desarrolladores deben resolver el precio y la calidad del suministro eléctrico, la transmisión, la conectividad internacional y los costos de construcción. Hadassa Lutz, cofundadora de Cloud2Ground, advirtió que decir que un país tiene energía no alcanza, mientras que Gustavo Castagnino, director de asuntos corporativos de Genneia, remarcó que el interés debe convertirse en obras concretas.

El desembarco de los centros de datos también puede generar ingresos fiscales y actividad local, aunque introduce costos que deberán asumir las comunidades y los usuarios si la expansión exige nuevas redes o subsidios. En Estados Unidos, el rechazo se concentró en el impacto ambiental, la presión sobre las redes y el aumento de las tarifas. En Neuquén, además, viven familias indígenas mapuches que históricamente tuvieron conflictos con empresas energéticas. La ausencia de una reacción similar en Argentina refleja que los grandes centros de datos todavía no tienen una presencia relevante, no que sus efectos sean irrelevantes.

La oportunidad para la Patagonia dependerá menos de la cantidad de anuncios que de la capacidad de transformar energía abundante en contratos competitivos y suministro firme. Los pilotos de Pampa Energía, los acuerdos definitivos de Bahía Blanca, la conectividad internacional y la llegada de capital determinarán si la región se convierte en un polo de centros de datos o queda como una lista de proyectos en etapa preliminar.