América Latina vuelve a funcionar como un laboratorio de regímenes monetarios. Ecuador acaba de consolidar el dólar como moneda oficial y único medio de pago, mientras Argentina debate si la competencia entre el peso y el dólar puede capturar parte de los beneficios de una dolarización sin eliminar de inmediato la moneda nacional. En paralelo, Venezuela y Cuba muestran una versión distinta: el uso del dólar crece por la pérdida de funciones de sus propias monedas o por decisiones estatales parciales.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa emitió el Decreto 565 el 18 de marzo de 2025 para ratificar el dólar como moneda oficial y avanzar sobre las restricciones constitucionales a la emisión de una moneda diferente. Ecuador había abandonado el sucre en enero de 2000, después de una crisis bancaria y de una inflación que había alcanzado niveles extremos. La inflación cayó con fuerza tras la adopción del dólar y llegó a ubicarse en 0,4% en 2017.
El resultado exhibe el principal atractivo del régimen: elimina la posibilidad de financiar al Estado mediante emisión de una moneda nacional y reduce el riesgo cambiario en contratos, salarios, precios y comercio. Pero el costo es igualmente concreto. Ecuador no puede devaluar para absorber un shock externo ni crear dólares para asistir a bancos en una crisis de liquidez. La estabilidad nominal depende, entonces, de la disciplina fiscal, de los colchones financieros y del acceso a crédito externo.
Panamá representa el caso más extremo y duradero. El balboa mantiene una paridad de uno a uno con el dólar desde 1904, pero solo circulan monedas locales: los billetes utilizados en la vida cotidiana son dólares estadounidenses. El país no tiene banco central con capacidad de emitir dinero o actuar como prestamista de última instancia. La ventaja es una exposición cambiaria prácticamente nula; la contracara es que cualquier desorden fiscal o bancario debe resolverse sin una máquina de liquidez propia.
El Salvador adoptó el dólar en 2001 y mantuvo desde entonces una estructura de precios, salarios, comercio y crédito anclada en la moneda estadounidense. La inflación se estabilizó, pero los efectos sobre el crecimiento, el ingreso por habitante y la inversión extranjera no fueron concluyentes ni permanentes. La incorporación del bitcoin como moneda de curso legal en 2021 —y su posterior modificación para volver voluntaria la aceptación— agregó una capa de riesgo sobre una base monetaria que continuó siendo el dólar.
Argentina se encuentra en una posición intermedia. El peso conserva su curso legal, pero el dólar ya cumple funciones relevantes como reserva de valor, unidad de cuenta en operaciones inmobiliarias y referencia para parte de los precios y del financiamiento corporativo. La propuesta de competencia monetaria busca que ambas monedas disputen espontáneamente el uso de los agentes, en lugar de imponer una conversión inmediata hacia el dólar. Su resultado dependerá de si el Estado deja de generar incentivos para desprenderse del peso y de si el presupuesto puede sostenerse sin emisión.
La diferencia entre competencia y dolarización plena no es solamente jurídica. En un esquema competitivo, el banco central conserva algunas herramientas y el peso puede seguir circulando; en una economía completamente dolarizada, la política monetaria queda determinada por la Reserva Federal y desaparece la posibilidad de crear liquidez en dólares durante una corrida. Esa flexibilidad adicional puede ser útil ante una emergencia, pero también puede convertirse en una vía para postergar el ajuste y reabrir el financiamiento inflacionario.
Venezuela y Cuba ilustran por qué el uso del dólar no equivale por sí solo a una estabilización. En Venezuela, la moneda estadounidense ganó espacio después de la destrucción de las funciones del bolívar, mientras el Estado mantuvo formalmente la moneda nacional. En Cuba, los comercios estatales que aceptan dólares conviven con salarios pagados en pesos, generando un sistema de dos velocidades para quienes reciben remesas o tienen acceso a divisas y quienes dependen exclusivamente de la moneda local.
La lección común es que el régimen monetario no reemplaza a las instituciones fiscales. El dólar puede cortar la emisión de una moneda debilitada, pero no corrige un déficit, no garantiza derechos de propiedad ni crea por sí mismo un sistema financiero sólido. Para Argentina, la competencia monetaria podría revelar qué moneda prefieren los agentes; el punto decisivo será si el Gobierno acepta esa señal y elimina las causas fiscales y regulatorias que hicieron del peso una reserva de valor frágil.
