Los impuestos llegan a explicar el 56,28% del costo financiero total de las tarjetas de crédito, según un informe del Banco Central citado durante el debate por la morosidad de los hogares.
La carga tributaria también representa el 34,27% del costo de los préstamos personales, el 10% de los créditos hipotecarios y casi el 30% del financiamiento destinado a empresas.
El dato expone el peso que tienen los tributos sobre el acceso al crédito, en un contexto en el que los hogares recurren cada vez más al endeudamiento para llegar a fin de mes o afrontar gastos extraordinarios.
Un informe elaborado por el exdiputado Martín Tetaz a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC mostró que el 36,2% de los hogares había utilizado sus ahorros en 2026, frente al 31,2% registrado en 2023.
Además, el porcentaje de hogares que pidió préstamos aumentó del 9,6% en 2023 al 14,8% en 2026. También creció el recurso a familiares o amigos: pasó del 14,1% al 16,2% en el mismo período.
En cambio, la compra en cuotas o fiado con tarjeta o libreta se mantuvo prácticamente estable: alcanzó al 49,3% de los hogares en 2026, contra el 50,2% de 2023.
El aumento del recurso a préstamos fue presentado como uno de los factores que ayudan a explicar el avance de la morosidad, que forma parte de los proyectos que la oposición busca tratar en la Cámara de Diputados.
La discusión legislativa está prevista para una sesión especial convocada para el miércoles. La oposición sostiene que cuenta con 133 votos, cuatro más que los 129 necesarios, mientras que el Gobierno intenta desarticular esa mayoría e impedir el tratamiento de las iniciativas sobre morosidad y discapacidad.
En el debate sobre el costo del financiamiento también se planteó que la refinanciación debería ofrecerse a tasas más bajas y que existe margen para reducir la intermediación financiera mediante una menor carga impositiva.
Entre las alternativas mencionadas se incluyó revisar los impuestos aplicados a los préstamos y a los intereses asociados a los deudores en mora, en lugar de establecer restricciones directas sobre el crédito.
