La Argentina enfrentará hasta febrero de 2027 un período de lluvias intensas, inundaciones y temperaturas elevadas asociado al fenómeno de El Niño, según las advertencias citadas durante una presentación sobre el impacto económico de los desastres climáticos. El escenario vuelve a poner bajo la lupa el estado de la infraestructura hídrica y los sistemas de prevención.

La estimación expuesta señala que existe una probabilidad del 90% de que el fenómeno persista hasta febrero. Para el país, el riesgo se concentra en lluvias que podrían acumular en un solo día el doble o el triple de los registros habituales, con efectos potenciales sobre ciudades, rutas, logística, producción agropecuaria y viviendas.

El costo económico no se limita a la reconstrucción posterior. Las inundaciones pueden interrumpir el transporte, dañar infraestructura, afectar comercios y reducir el ingreso de divisas del agro. La estimación presentada ubica en unos US$1.000 millones anuales el costo promedio de las inundaciones en la Argentina.

El antecedente de Bahía Blanca expuso la magnitud del problema. La inundación ocurrida en marzo de 2025 dejó 16 muertos y demandó unos US$400 millones para reparar daños de infraestructura, de acuerdo con las cifras difundidas. También quedó planteado que tres obras proyectadas después de una inundación ocurrida en 1944 fueron ejecutadas de manera incompleta o directamente no se realizaron.

La inversión pública ejecutada cayó 75% real interanual en 2024 y pasó a representar el 0,4% del producto interno bruto, frente a un máximo del 2% durante la gestión de Alberto Fernández. El recorte respondió a la falta de recursos y al objetivo oficial de ordenar las cuentas públicas, pero abrió el debate sobre qué obras críticas deberían preservarse aun en un proceso de consolidación fiscal.

El fondo hídrico de infraestructura se financia con una parte del impuesto a los combustibles. Según los datos presentados, entre 2024 y 2026 se recaudaron entre $300.000 millones y $400.000 millones para ese destino, mientras que los pagos efectivamente realizados alcanzaron $116.000 millones, una ejecución cercana al 30%.

El resto de los recursos, de acuerdo con el detalle difundido, permanecía invertido principalmente en Letras del Tesoro y depósitos a plazo fijo. La discusión no pasa solamente por la existencia de los fondos, sino por la capacidad de convertir esa recaudación específica en obras, mantenimiento, sistemas de drenaje y alertas tempranas antes de que ocurra una emergencia.

También se informó que la Agencia Federal de Emergencias activó un plan de coordinación con provincias, el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional del Agua. La prioridad inmediata es mejorar la preparación, el rescate y la respuesta ante eventuales inundaciones, ya que las obras estructurales no pueden resolver en el corto plazo todos los déficits acumulados.

La urbanización sin planificación agravó la exposición. El avance del cemento y el asfalto reduce la absorción del suelo, mientras que la construcción de viviendas en zonas inundables aumenta el costo social de cada evento. La falta de coordinación entre Nación, provincias y municipios también demora proyectos de saneamiento y drenaje, con más de 130 obras relevadas como inconclusas y una ejecución cercana al 10% de las iniciativas proyectadas, según la información expuesta.

La prevención aparece como la alternativa fiscalmente menos costosa. Las cifras citadas atribuyen a la ONU una estimación según la cual cada dólar invertido en obras de reducción de riesgos puede evitar hasta US$7 en pérdidas posteriores. El desafío consiste en seleccionar proyectos con impacto verificable, evitar desvíos y asegurar controles, de modo que el ajuste fiscal no termine trasladando al futuro un gasto mayor por reconstrucción.