La industria textil argentina atraviesa una fuerte contracción: la producción cayó 23,3% interanual en marzo y acumuló una baja de 31,3% frente a 2023, según los datos difundidos durante un análisis sobre el sector.

El retroceso también impactó en el empleo formal. Desde diciembre de 2023 se perdieron 18% de los puestos registrados, unos 22.000 empleos, mientras que seis de cada diez máquinas permanecen apagadas por la menor actividad.

El sector reúne casi 23.000 empresas y más de 515.000 puestos de trabajo. Además, el 65% del empleo corresponde a mujeres, una característica que amplifica el impacto social de la caída productiva.

La estructura de costos aparece como uno de los principales obstáculos para competir. De acuerdo con la composición presentada a partir de datos de la Fundación ProTejer, el 50% del precio de una remera corresponde a impuestos; el 30%, a alquileres y costos financieros; el 12%, a logística, marketing y rentabilidad; y solo el 8% queda asociado a la industria.

La presión tributaria se acumula a lo largo de toda la cadena, desde el algodón y el hilado hasta el tejido, la tintorería, la confección y la distribución. Cada eslabón afronta impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de gastos de alquiler y energía que terminan trasladándose al precio final.

La apertura de las importaciones modificó el mercado y generó una mayor oferta de prendas terminadas. El nivel de protección textil frente a China, que anteriormente era de 35%, pasó a 20% durante el gobierno de Javier Milei, de acuerdo con el ranking presentado en el análisis. Colombia mantiene un 40%, Brasil un 35%, México un 20%, Perú un 17% y Chile 0%.

El cambio favoreció a los consumidores con más variedad y precios más bajos, aunque coincidió con una menor producción local, fábricas con capacidad ociosa y cierres de empresas. La baja de precios en el sector también fue vinculada con la liquidación de stocks y con un menor consumo de ropa.

Las compras de argentinos en plataformas chinas se triplicaron en 2025 hasta alcanzar los US$95 millones, mientras que las importaciones totales de bienes de consumo llegaron a un récord de US$11.400 millones. El aumento de las prendas terminadas contrastó con una menor participación de insumos destinados a la producción local.

El desafío para las empresas textiles quedó planteado en términos de competitividad. Entre los reclamos del sector figuran una menor carga impositiva, menores costos laborales, energía más barata, mayor facilidad para importar insumos y un aumento de la productividad. También se destacó la reducción de las restricciones para comprar maquinaria usada de más de 30 años.

La discusión combina el beneficio inmediato de una oferta más accesible con el costo de la reconversión industrial. El sector busca sostener la producción nacional, pero enfrenta el desafío de diferenciarse por diseño, calidad o productividad en lugar de depender exclusivamente de la protección comercial.