El Gobierno amplió el alcance de las sanciones previstas para las empresas vinculadas con operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y designó a la Cancillería como autoridad de aplicación del régimen vigente, según explicó el canciller Pablo Quirno.

El funcionario señaló que el Poder Ejecutivo anunció un decreto reglamentario de la Ley 26.659, cuya aplicación considera insuficiente, y que además trabaja en una nueva ley para actualizar el marco de sanciones. "Estamos trabajando en la preparación de la nueva ley y de esa manera esperemos poder presentarla en el Congreso lo antes posible", afirmó.

La modificación busca extender las eventuales penalidades más allá de las compañías directamente vinculadas con la explotación de hidrocarburos. Quirno indicó que el nuevo esquema alcanzará también a proveedores de servicios petroleros, financieros, de seguros y otras actividades relacionadas.

"Estamos justamente aumentando las penas, pero sobre todo agrandando el espectro de empresas a ser sancionadas", sostuvo el canciller. El objetivo oficial es elevar el costo para las firmas que deban elegir entre prestar servicios en la Argentina o participar de actividades en las islas.

Según Quirno, la Cancillería iniciará los expedientes derivados del decreto reglamentario porque el Gobierno considera que se trata principalmente de una herramienta de política exterior. La cartera quedará así en el centro de la coordinación de las medidas contra las empresas involucradas.

El funcionario también confirmó que otro decreto de necesidad y urgencia reasigna partidas presupuestarias para avanzar con una base naval integrada en Ushuaia. Presentó esa decisión como parte de una estrategia que combina instrumentos diplomáticos, regulatorios y de defensa.

La presión oficial se produce ante la posibilidad de que comiencen en los próximos meses actividades de explotación hidrocarburífera en las islas. "El resultado primeramente es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas", dijo Quirno, quien sostuvo que ese es el objetivo inmediato de la política anunciada.

El canciller aseguró que el Gobierno ya recibió llamados de empresas que operan en la Argentina para ratificar que no apoyan operaciones hidrocarburíferas en Malvinas. A su entender, la posición argentina ganó capacidad de presión porque el país cuenta con activos estratégicos y una economía que, según afirmó, "atrae inversiones".

Quirno vinculó la estrategia externa con la situación macroeconómica y destacó que 13 de 15 sectores aumentaron su actividad en el estimador mensual, además de mencionar récords de exportaciones y de inversiones anunciadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Argentina está en un camino de cambio rotundo, con reformas muy profundas, con reformas que estamos acelerando", afirmó el canciller. También mencionó la aprobación de iniciativas y acuerdos internacionales como parte de una agenda oficial que, según dijo, continuará pese a las críticas de la oposición.