El Gobierno argentino anunció que iniciará acciones penales contra Navitas Petroleum por sus operaciones hidrocarburíferas frente a las islas Malvinas. La ofensiva amplía la disputa de soberanía hacia las empresas, ejecutivos e inversores vinculados con el desarrollo petrolero en el Atlántico Sur.

El canciller Pablo Quirno presentará la denuncia contra Navitas, varias de sus subsidiarias, socios asociados y miembros de su directorio. La acusación apunta a que las compañías utilizaron licencias británicas de exploración y explotación en la cuenca Norte de las Malvinas, en presunta violación de la legislación argentina.

El foco está puesto en Sea Lion, un proyecto operado por Navitas con una participación del 65%. La británica Rockhopper controla el porcentaje restante. El yacimiento se encuentra a unos 209 kilómetros de las islas y contiene recursos estimados en 1.700 millones de barriles de petróleo. La producción está prevista para comenzar en 2028.

Javier Milei había advertido días antes que aplicaría sanciones contra las compañías que perforen en el territorio administrado por el Reino Unido. El Presidente calificó la actividad como una amenaza urgente para la soberanía argentina y sostuvo que el Estado avanzará contra cualquier operación que, a criterio de las autoridades, desconozca los derechos soberanos del país.

La Casa Rosada también rechazó el referéndum de 2013 en el que el 99,8% de los habitantes de las islas votó mantener el vínculo con el Reino Unido. Milei argumentó que la población reside en un territorio que considera usurpado y que, por esa razón, no posee un derecho legítimo de autodeterminación. Londres respondió que su posición sobre las Malvinas permanece sin cambios.

Navitas afirmó que las declaraciones presidenciales no deberían tener un efecto material sobre el desarrollo de Sea Lion ni sobre el calendario previsto para el proyecto. La empresa y Rockhopper han sostenido que el emprendimiento cuenta con licencias válidas emitidas por las autoridades de las islas. Rockhopper todavía no emitió una respuesta a la nueva ofensiva argentina.

La presión también alcanza al capital privado. Eduardo Elsztain, uno de los empresarios inmobiliarios más influyentes de la Argentina y cercano al Presidente, defendió su estrategia de inversión en las islas mientras el Gobierno procura que las empresas corten sus vínculos con el territorio británico.

La disputa introduce un riesgo político y jurídico adicional sobre un proyecto cuyo marco contractual depende de licencias que Argentina desconoce. Aunque la amenaza no haya alterado por ahora el cronograma informado por Navitas, una causa penal contra la compañía, sus directivos y sus socios puede encarecer el financiamiento, complicar la contratación de proveedores y elevar la incertidumbre para cualquier inversor expuesto al desarrollo.

El caso muestra cómo una controversia territorial puede transformar una licencia válida para una jurisdicción en un pasivo legal para otra. Mientras no exista un acuerdo sobre la soberanía, la explotación de los recursos del área seguirá enfrentando dos órdenes regulatorios incompatibles: el británico, que habilita el proyecto, y el argentino, que busca penalizarlo y desalentar la participación empresarial.