El Gobierno argentino anunció que presentará una denuncia penal contra Navitas Petroleum, varias de sus subsidiarias y sus ejecutivos por las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en las islas Malvinas. La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno y profundiza la escalada iniciada por Javier Milei contra las empresas vinculadas con el desarrollo petrolero en el archipiélago.
La acusación sostiene que las compañías violaron la legislación argentina al operar con licencias otorgadas por el Reino Unido en la Cuenca Norte de Malvinas. La disputa enfrenta dos marcos jurídicos incompatibles: el que invoca la soberanía argentina y el que respalda las autorizaciones emitidas por las autoridades británicas y las islas, que cuentan con autogobierno.
El principal activo en juego es Sea Lion, operado por Navitas con una participación del 65%. Rockhopper Petroleum posee el 35% restante. Las empresas aprobaron el año pasado la primera fase del proyecto, cuyo inicio está previsto para 2028 con una producción de 50.000 barriles diarios.
Milei también anunció medidas contra las compañías involucradas en actividades de petróleo y gas en Malvinas, con sanciones que podrían alcanzar a accionistas, directores y proveedores. La extensión del riesgo más allá de la sociedad operadora busca elevar el costo de participar en el proyecto, pero al mismo tiempo amplía la incertidumbre para cualquier empresa que evalúe prestar servicios, financiar operaciones o mantener vínculos comerciales.
Navitas no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios. Las compañías sostienen que Sea Lion cuenta con licencias válidas emitidas por las autoridades de las islas y que tiene respaldo británico. También afirmaron que no esperan un impacto material de las declaraciones de Milei sobre el desarrollo del proyecto.
La tensión introduce un problema que excede la disputa diplomática: la inversión depende de que los derechos de exploración, las licencias y los contratos puedan sostenerse frente a cambios de jurisdicción o represalias políticas. Cuando una autorización es reconocida por una autoridad y cuestionada penalmente por otra, aumenta el riesgo sobre los costos, los plazos y la disponibilidad de proveedores, aunque el proyecto conserve respaldo formal en el Reino Unido.
El conflicto también adquirió una dimensión israelí-británica. Ministros israelíes reclamaron sanciones contra el Reino Unido por la administración de las islas, en medio de la reacción de Israel a las restricciones británicas previstas contra productos de asentamientos en Cisjordania. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, pidió que Israel reconociera la soberanía argentina sobre las Malvinas y sancionara a Gran Bretaña.
Sea Lion todavía no produce petróleo, por lo que la disputa se desarrolla antes de que el proyecto genere flujo operativo. La denuncia argentina no resuelve la cuestión de fondo ni modifica por sí sola las licencias británicas, pero convierte el desarrollo de un recurso energético potencial en un frente simultáneo de riesgo legal, geopolítico y empresarial.
