El Gobierno argentino presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum, sus ejecutivos, filiales y socios por las operaciones hidrocarburíferas que la compañía desarrolla en las Islas Malvinas. La presentación fue impulsada por el canciller Pablo Quirno, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia, y apunta a las actividades en la cuenca Norte de las islas.
Buenos Aires sostiene que las empresas violaron la legislación argentina al conservar licencias de exploración y explotación de hidrocarburos otorgadas por el Reino Unido. La ley argentina prohíbe operar en su plataforma continental sin autorización del Gobierno nacional, mientras que Londres administra el territorio y emitió los permisos que habilitan el proyecto.
La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd, además de sus directores. Navitas no había respondido de inmediato a las consultas sobre la presentación judicial.
El expediente se concentra en Sea Lion, un proyecto offshore ubicado a unos 220 kilómetros de las islas y desarrollado por la británica Rockhopper Exploration junto con Navitas Petroleum. La compañía israelí opera el yacimiento y posee una participación del 65%, lo que la convierte en el principal foco corporativo de la ofensiva argentina.
La ley sancionada por Argentina en 2011 prevé hasta 20 años de inhabilitación para operar en el país y penas de hasta 15 años de prisión por la exploración o explotación considerada ilegal. Rockhopper fue inhabilitada durante 20 años en 2013, mientras que Navitas recibió una sanción similar en abril de 2022 por actividades que Buenos Aires calificó de ilegales y clandestinas.
La escalada anunciada por Javier Milei también contempla sanciones que podrían alcanzar a accionistas, directores y proveedores de las compañías involucradas. Esa extensión transforma una disputa territorial en un problema de cumplimiento corporativo: una licencia válida para la administración británica puede quedar asociada a una causa penal y a restricciones comerciales dentro del sistema jurídico argentino.
El conflicto ocurre mientras Milei intensifica sus reclamos sobre las islas y sostiene que el escenario internacional ofrece condiciones más favorables para la posición argentina. Sus declaraciones siguieron a la afirmación de Donald Trump de que Washington revisaba su tradicional neutralidad sobre el territorio. Londres respondió que su soberanía es inquebrantable y que las islas son británicas porque sus habitantes eligen esa condición; en 2013, los isleños votaron abrumadoramente por permanecer bajo administración británica.
Para el sector energético, el caso agrega una capa de riesgo jurisdiccional a un proyecto cuya viabilidad depende de inversiones, permisos y contratos de largo plazo. La exposición no se limita a la empresa operadora: el presidente de Navitas, Gideon Tadmor, posee cerca del 9% de sus acciones, según datos de LSEG, mientras que la denuncia argentina busca involucrar también a socios y otros participantes de la cadena de operación. La disputa por los recursos de Malvinas queda así trasladada del plano diplomático a los tribunales y a las decisiones de inversión.
