El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad abrió una consulta pública para definir un cargo específico que Camuzzi Gas del Sur incluiría en las facturas de 126.711 usuarios del sistema Cordillerano-Patagónico. El recargo financiará el repago de créditos tomados para instalar y poner en marcha dos plantas compresoras en Río Senguer y Gobernador Costa, en Chubut.
La resolución no fija todavía un monto definitivo para los usuarios. Pone a consideración el análisis realizado por el organismo y habilita un plazo de 15 días hábiles, contado desde la publicación de la norma, para presentar observaciones, sugerencias y comentarios a través de la Mesa de Entradas Virtual.
El cargo no será presentado como un concepto tarifario, pero se calculará como un porcentaje del cargo fijo correspondiente a cada categoría de usuario. El objetivo es distribuir el esfuerzo de repago de manera proporcional y reunir los recursos necesarios para cancelar los préstamos contraídos por Camuzzi con los bancos de Chubut y Neuquén.
El universo alcanzado incluye 111.667 usuarios residenciales, 14.802 de Servicio General P, 202 entidades de bien público, 25 clubes de barrio y 15 usuarios de servicio unbundling. La extensión del mecanismo convierte una obra localizada en un compromiso de cobro distribuido entre todos los usuarios del sistema abastecido por esas instalaciones.
El sistema Cordillerano-Patagónico tiene más de 1.700 kilómetros de cañerías y abastece a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. Según los antecedentes de la resolución, la red operaba al límite de su capacidad y la restricción había obligado a supeditar la incorporación de nuevos consumos a la finalización de las obras.
La autoridad regulatoria verificó la instalación y operación de los motocompresores MAV-142 y MAV-143 en Río Senguer, además de la incorporación de la unidad de respaldo MAV-144 y sus instalaciones asociadas en Gobernador Costa. La ampliación permitiría liberar nuevas factibilidades, aunque la norma no precisa cuántos consumos adicionales podrían incorporarse ni en qué plazos.
El esquema tiene una particularidad relevante: Camuzzi financiará las obras mediante préstamos y cobrará el cargo en nombre de un fideicomiso destinado exclusivamente al repago. Una vez cancelados los créditos, las instalaciones serán incorporadas como activos cedidos por terceros a valor cero, por lo que la distribuidora no obtendrá rentabilidad sobre su valor.
El cargo fue calculado con carácter preliminar y podría modificarse. El organismo indicó que tendrá monitoreo periódico y que contemplará la evolución de los intereses, los costos del fideicomiso y las demás erogaciones vinculadas con el financiamiento. Bajo el escenario utilizado para el cálculo, los créditos podrían precancelarse hacia agosto de 2030.
La resolución traslada ahora la discusión al procedimiento participativo: los antecedentes y el análisis económico estarán disponibles para consulta y las opiniones recibidas deberán ser consideradas de manera fundada, aunque no serán vinculantes. La definición final determinará cuánto de la expansión de infraestructura recaerá sobre las facturas actuales y cómo se distribuirá ese costo entre hogares, comercios e instituciones.



