La carga tributaria y la estructura de incentivos fiscales empujan a la economía argentina hacia la informalidad, según Geoffrey Lawrence, director de Investigación de Reason Foundation. El especialista sostuvo que el sistema impositivo tiene una presión efectiva que vuelve inviable operar completamente dentro del mercado formal.

“Aquí en Argentina hay alrededor de 155 impuestos diferentes actualmente en vigor”, afirmó Lawrence durante una conferencia organizada por Fundación Libertad y Progreso. Según su descripción, la mayoría de esos tributos se aplica a nivel provincial o municipal, mientras que alrededor de 40 corresponden al ámbito federal.

El investigador señaló que apenas ocho impuestos explican cerca del 92% de la recaudación y cuestionó la superposición de gravámenes. Entre los principales mecanismos mencionó Ingresos Brutos, el IVA, el impuesto a las ganancias corporativas y las contribuciones sobre la nómina.

“La tasa impositiva efectiva para la empresa promedio en Argentina es del 106% de las ganancias”, sostuvo Lawrence, quien atribuyó ese cálculo al Banco Mundial. También afirmó que, de acuerdo con esa medición, Argentina tendría la segunda presión más alta del mundo, detrás de Comoras.

“Es imposible pagar todos los impuestos”, resumió. Para Lawrence, cuando la carga impide desarrollar una actividad legalmente, parte de los trabajadores y empresas opta por operar fuera del sistema. En ese sentido, afirmó que “el 44% de los argentinos trabaja en el sector informal”.

El especialista vinculó esa dinámica con el diseño del federalismo fiscal. “Aunque las provincias gastan la mayor parte del dinero, no son ellas las responsables de recaudarlo”, planteó. A su entender, ese esquema permite que gobernadores e intendentes obtengan rédito político por el gasto sin afrontar de manera directa el costo de los impuestos.

Como propuesta, Lawrence planteó eliminar Ingresos Brutos y reemplazarlo por un impuesto regular sobre las ventas. También sugirió modificar la distribución de la recaudación federal para que las provincias obtengan de manera más directa los recursos que les corresponden y enfrenten una relación más clara entre impuestos y gasto.

“Argentina necesita reintegrarse a la economía mundial reduciendo los aranceles y los derechos de exportación”, agregó. Además, propuso establecer un objetivo de ingresos y reducir las alícuotas en los períodos en que la recaudación supere ese umbral.

Durante el encuentro, Justin Callais, senior fellow e investigador de Archbridge Institute, sostuvo que Argentina habría mejorado su posición en un índice internacional de movilidad social desde el puesto 80 entre 132 países en 2022 hasta el puesto 61 en 2024. También proyectó que podría alcanzar el puesto 49, aunque aclaró que se trataba de una estimación basada en datos de 2025 y 2026.

Callais vinculó esa mejora con la eliminación de controles cambiarios, el proceso de privatización de empresas estatales y la desregulación. “Si queremos que la gente pase del sector informal al sector formal, tenemos que facilitarles la creación de empresas”, afirmó.

Por su parte, Carola Pessino, rectora de la Universidad del CEMA, advirtió que algunas políticas con objetivos redistributivos pueden producir efectos contrarios a los buscados. “La realidad es que aumentamos la informalidad. Solo los que están dentro obtienen las ganancias”, dijo al referirse al salario mínimo y a las consecuencias de ciertas intervenciones públicas.