El fiscal federal Franco Picardi reclamó por sexta vez al Ministerio de Economía información sobre los funcionarios que intervenían en la autorización de las SIRAs, los permisos necesarios para acceder a dólares oficiales destinados a importaciones durante el gobierno de Alberto Fernández.

El último requerimiento fue presentado luego de que la Dirección Nacional de Gestión Comercial remitiera una respuesta que, según Picardi, no satisfacía de manera íntegra lo solicitado. El fiscal pidió nuevamente el detalle de las personas que autorizaban las operaciones, los criterios utilizados y los cargos que ocupaba cada funcionario.

La causa investiga presuntas coimas vinculadas con el acceso al mercado oficial de cambios y con la aprobación de permisos de importación. El esquema bajo análisis habría operado en un período de escasez de divisas, cuando las empresas necesitaban una autorización estatal para avanzar con sus compras externas.

La documentación entregada por Economía incluyó una lista de 16 personas que, de acuerdo con los registros oficiales, estuvieron habilitadas para autorizar solicitudes de importación entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. El sistema SIRA fue discontinuado el 27 de diciembre de 2023.

Sin embargo, Picardi considera que la nómina no permite establecer todavía quiénes tenían la responsabilidad política y jerárquica sobre el mecanismo. La información remitida identificó a empleados que operaban el sistema, pero no habría precisado quiénes eran sus superiores ni quién tomaba las decisiones de fondo.

Durante el programa, se señaló que la lista no incluiría a funcionarios que, según el organigrama de la Secretaría de Comercio, tenían responsabilidades sobre el área. Entre los nombres mencionados figuraron el exsecretario de Comercio Matías Tombolini, Germán Cervantes y el exministro de Economía Sergio Massa. La inclusión o exclusión de esos funcionarios forma parte de los puntos que la fiscalía busca aclarar.

La investigación también conecta el expediente de las SIRAs con otra pesquisa sobre operaciones de dólar oficial y maniobras financieras conocidas como “rulos”. Según lo expuesto, el fiscal detectó cuatro presuntas operaciones de cohecho a partir de conversaciones telefónicas secuestradas en una causa previa.

Picardi además pidió el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de empresarios vinculados con el expediente. El requerimiento habría sido reiterado luego de pedidos anteriores realizados el 24 de abril y el 16 y 18 de junio.

La demora en la entrega de información mantiene frenada una investigación que busca determinar cómo se asignaban divisas en un contexto de controles cambiarios y qué funcionarios tenían capacidad efectiva para habilitar importaciones. La falta de una identificación clara de la cadena de decisión dificulta establecer responsabilidades y reconstruir el eventual circuito de pagos.