El Gobierno puso en marcha un dispositivo federal especial para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Las medidas alcanzan a la Ciudad de Buenos Aires, distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, donde se esperan actividades con concurrencia masiva o significativa.
El Ministerio de Seguridad Nacional convocó al Comando Unificado Federal y creó tres estructuras operativas específicas: una para la Ciudad de Buenos Aires, otra para Luján y Claypole, y una tercera para Córdoba. Los comandos tendrán a su cargo la planificación, coordinación y ejecución de los despliegues interfuerzas durante el tramo argentino del viaje apostólico.
La coordinación quedará bajo la órbita de la Subsecretaría de Despliegue Territorial. Participarán representantes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y, según las actividades previstas, el Servicio Penitenciario Federal. También se contempla la incorporación de otros organismos nacionales por sus competencias específicas.
En la Ciudad de Buenos Aires, el operativo abarcará aeropuertos, sedes institucionales, espacios de culto, establecimientos sociales y penitenciarios, corredores viales y zonas de concentración. En Luján y Claypole, el foco estará puesto en los recorridos y lugares de celebración, con especial atención a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Córdoba tendrá un comando propio, que deberá coordinarse con el Comando Unificado Córdoba cuya vigencia fue prorrogada por una resolución anterior.
Las normas también prevén mecanismos de enlace, alerta temprana e intercambio de información con el dispositivo de seguridad de la Santa Sede, incluida la Guardia Suiza Pontificia. La participación de esos efectivos será de coordinación y cooperación: no se incorporarán orgánicamente a las fuerzas argentinas ni tendrán mando sobre ellas.
La Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y los municipios involucrados fueron invitados a designar representantes con capacidad de decisión operativa. La fórmula preserva las competencias locales, pero intenta evitar que un operativo de alcance nacional quede fragmentado entre jurisdicciones con distintas cadenas de mando y responsabilidades.
El plan operacional deberá contemplar la gestión de multitudes, la prevención de incidentes y la protección de autoridades, delegaciones, sedes diplomáticas, aeropuertos, terminales y otros puntos estratégicos. En los hechos, el despliegue puede generar restricciones temporales en accesos, circulación y actividades en las zonas del itinerario, aunque las resoluciones no detallan recorridos, cantidad de efectivos ni medidas concretas de tránsito.
El comando comenzará a funcionar con la publicación de las resoluciones y continuará hasta 48 horas después de finalizadas las actividades del viaje en cada jurisdicción. El gasto será atendido con las partidas presupuestarias correspondientes, sin que las normas informen el monto previsto. Esa falta de detalle impide medir por ahora el costo fiscal del operativo, aunque deja establecida la obligación de movilizar recursos de varias fuerzas y organismos públicos.
