El Tribunal Oral Federal 5 estableció que el juicio oral de la causa Hotesur-Los Sauces será completamente presencial y que las partes deberán asistir a los tribunales de Comodoro Py. El proceso tiene entre sus imputados a Máximo Kirchner, diputado nacional, y a Cristina Kirchner.

El tribunal fijó tres audiencias semanales y habilitó la realización de jornadas los sábados, domingos y feriados. También dejó habilitada la feria judicial de verano, una decisión que apunta a acelerar el trámite de un expediente de gran extensión.

La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de empresas familiares vinculadas a la actividad hotelera y al negocio inmobiliario. Los expedientes Hotesur y Los Sauces tramitaron inicialmente por separado, pero fueron unificados para el juicio oral debido a que 14 de los 16 acusados son los mismos.

Entre las dos causas se había propuesto la convocatoria de cerca de 300 testigos. El tribunal resolvió que solo deberán ser citados aquellos que tengan una relación estricta con el objeto procesal y otorgó a las partes un plazo de dos semanas, equivalente a 15 días hábiles, para presentar listas reducidas.

Una vez recibidas esas nóminas, el Tribunal Oral Federal 5 podrá fijar la fecha de comienzo del juicio. La habilitación de la feria judicial de verano abre la posibilidad de que el proceso se inicie antes de fin de año, según surge de las pautas comunicadas por el tribunal.

La presencialidad será una diferencia con el juicio por el caso Cuadernos, que se desarrolla bajo un esquema combinado entre audiencias telemáticas y presenciales. En Hotesur-Los Sauces, el tribunal determinó que no habrá audiencias por Zoom.

Máximo Kirchner deberá presentarse en Comodoro Py en las instancias procesales que requieran su presencia, entre ellas la primera audiencia, la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral, las indagatorias y los alegatos. El juicio será el primero que afrontará junto con su madre.

La declaración patrimonial presentada por Máximo Kirchner ante la Oficina Anticorrupción ascendió a $11.000 millones, de acuerdo con la información difundida. Dentro de ese patrimonio, $3.400 millones corresponderían al valor de las acciones de las dos empresas investigadas.

La Justicia sostiene que esas sociedades no habrían tenido una actividad comercial real y que habrían funcionado como pantallas para el blanqueo de activos. Según la acusación mencionada, Lázaro Báez aparece como un actor central en la operatoria investigada, mientras que Cristóbal López habría representado más del 66% de la facturación de la inmobiliaria a través de alquileres de inmuebles en Puerto Madero.

Además, Máximo y Cristina Kirchner fueron embargados por más de $3.100 millones. La eventual recuperación de activos quedará sujeta al resultado del juicio y a las decisiones judiciales que correspondan sobre decomisos.