La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires pedirá el juicio político contra la jueza Marta Elva Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del régimen penal juvenil en todo el territorio bonaerense. El anuncio fue realizado por Sebastián Pareja, principal referente del oficialismo nacional en la provincia.

La medida cautelar fue dictada luego de que Pascual argumentara que no están garantizadas las condiciones materiales para implementar la ley, en particular la disponibilidad de espacios adecuados para alojar a menores detenidos. La jueza convocó a las autoridades provinciales a presentar un informe sobre la capacidad existente.

El planteo de La Libertad Avanza sostiene que la provincia contó con seis meses para adecuar el sistema desde la promulgación de la norma y que no informó a tiempo la eventual falta de recursos. Durante el debate, uno de los participantes resumió la posición oficialista: “Si no llegaste, tenías que haber avisado”.

La discusión sumó un dato sobre la infraestructura disponible. Según lo expuesto durante el programa, el Servicio Penitenciario Bonaerense vació hace 20 días la Unidad 56 de Virrey del Pino, que dejó de alojar a adultos para ser destinada a menores. El establecimiento tendría capacidad para 240 personas.

La preparación de esa unidad fue presentada como evidencia de que la provincia ya cuenta con un lugar habilitado para comenzar a aplicar el nuevo régimen. Los presos adultos que se encontraban allí fueron trasladados a establecimientos de Catán, Varela, Merlo e Ituzaingó, mientras que el personal penitenciario fue redistribuido.

El conflicto ocurre en un sistema que, de acuerdo con la información difundida durante la emisión, registra una superpoblación del 62% en las cárceles bonaerenses para adultos. También se mencionó un informe del ingeniero civil Claudio Velasco que calcula un déficit nacional de 38.000 plazas penitenciarias y estima en 300 las nuevas plazas que aportaría la unidad de Virrey del Pino dentro de ese contexto.

Andrés Arate, fiscal del Foro Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Isidro, afirmó que la ley “está vigente” y calificó el fallo como “una extralimitación dentro de una decisión en el marco de un hábeas corpus”. Según su interpretación, un juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto, pero no suspender su aplicación general en toda la provincia.

“Ella no puede definir que esta ley no entra en vigencia en todo el territorio de la provincia”, sostuvo Arate, quien consideró que la decisión es “absurda” y “no resulta razonable”. El fiscal agregó que la prisión preventiva solo corresponde en determinados casos graves y que, cuando no se dispone de una plaza, también pueden utilizarse medidas alternativas, como el arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La cautelar abrió además una incertidumbre operativa para fiscales y jueces de garantías, dado que algunos funcionarios podrían interpretar que la suspensión alcanza a todos los procedimientos vinculados con el régimen. Arate sostuvo que la decisión no tiene respaldo legal para dejar sin efecto una norma nacional y que el conflicto deberá ser aclarado por las autoridades superiores de la Justicia provincial.

El caso enfrenta ahora dos problemas simultáneos: el alcance institucional de una cautelar dictada por una jueza provincial y la capacidad efectiva de la provincia para cumplir con una ley nacional. La definición sobre ambos puntos quedará vinculada al informe que las autoridades bonaerenses deben presentar y al trámite del pedido de juicio político anunciado por La Libertad Avanza.