El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó un régimen específico para mujeres privadas de la libertad consideradas de alto riesgo por su presunta vinculación con organizaciones criminales complejas. La resolución extiende al ámbito penitenciario femenino un esquema que el Gobierno ya aplicaba para otros internos y le asigna al Servicio Penitenciario Federal la responsabilidad de implementarlo.

El nuevo Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo - Mujeres - contempla mecanismos diferenciados de evaluación, clasificación, separación, seguridad y supervisión. La norma sostiene que algunas internas pueden asumir tareas de liderazgo, coordinación, transmisión de órdenes o continuidad operativa de actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.

La decisión no crea una nueva fuerza ni modifica el régimen general de ejecución de penas. Su alcance es institucional: establece una herramienta de administración penitenciaria para identificar perfiles considerados de riesgo y aplicarles condiciones específicas de alojamiento, seguimiento y tratamiento, según sus antecedentes, características y nivel de inserción en organizaciones criminales.

El antecedente es el sistema aprobado en 2024 para personas privadas de la libertad de alto riesgo. Según la resolución, ese esquema incorporó a 78 miembros de distintas organizaciones criminales y fue utilizado en el marco de los planes Bandera, Güemes, Paraná y Andrés Guacurarí, vinculados con la violencia en Rosario, los delitos complejos en el norte del país, el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la actividad delictiva en zonas fronterizas de Misiones.

La extensión al universo femenino responde, de acuerdo con los fundamentos oficiales, a la detección de nuevas funciones asumidas por mujeres dentro de estructuras delictivas, especialmente en redes familiares o de tipo clan. El texto también destaca roles de enlace, logística, administración de recursos y coordinación, aunque la resolución no informa cuántas internas serían alcanzadas por el nuevo sistema.

La implementación tendrá un costo fiscal que será absorbido por los créditos asignados al Ministerio de Seguridad Nacional y al Servicio Penitenciario Federal dentro del Presupuesto General de la Administración Nacional. La norma no fija un monto adicional ni detalla las inversiones necesarias en infraestructura, tecnología, salud, alojamiento o capacitación, por lo que el impacto presupuestario concreto quedará definido durante la ejecución.

La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal deberá elaborar en un plazo de 60 días los protocolos complementarios y manuales de funcionamiento. También tendrá a su cargo la planificación operativa, la selección y capacitación del personal, la supervisión del sistema y la asignación de recursos. El personal afectado deberá recibir formación específica sobre perspectiva de género y manejo de población penal femenina de alto riesgo.

El diseño incluye una obligación de monitoreo: deberán presentarse informes técnicos semestrales para evaluar el avance, detectar correcciones y elevar propuestas de actualización. Esa instancia será relevante porque el sistema combina objetivos de seguridad, clasificación penitenciaria y reinserción social, con costos operativos que todavía no fueron cuantificados en la resolución.

La medida deja una señal concreta sobre la política de seguridad: el Gobierno busca trasladar parte de la estrategia contra el crimen organizado al control de las comunicaciones, los vínculos y la capacidad de coordinación dentro de las cárceles. Su eficacia dependerá menos de la creación formal del régimen que de la calidad de los criterios de clasificación, los recursos asignados y los controles aplicados para evitar que una herramienta de seguridad se convierta en una estructura burocrática sin resultados verificables.