La ANMAT prohibió en todo el territorio nacional el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad del raticida SUPERCygonazo, luego de constatar que el producto no tenía una inscripción vigente y que su fabricante había perdido la habilitación como establecimiento elaborador de domisanitarios.

La disposición alcanza también a las plataformas de venta electrónica y busca retirar del circuito un producto cuya elaboración y condiciones de manufactura no pudieron ser verificadas por la autoridad sanitaria. La norma fue publicada el 9 de septiembre de 2026 y ordenó comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales y a Defensa del Consumidor.

El producto se presentaba como un rodenticida de dosis única con bromadiolona al 0,005%, bajo la marca SUPERCygonazo. En el rótulo figuraban el nombre de Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L., un domicilio en Munro y los registros RNE 020046345 y RNPUD 0250001.

Sin embargo, la ANMAT verificó que esos registros ya no estaban vigentes. La firma había sido dada de baja en 2025 por no solicitar la reinscripción correspondiente en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios. Como consecuencia, también fueron dados de baja los productos que figuraban bajo su titularidad.

La falta de reinscripción no fue el único elemento considerado. La empresa no respondió a la notificación enviada por la Administración y el correo postal tampoco pudo entregar la comunicación porque la firma se había mudado. Además, la autoridad sanitaria bonaerense informó que no tenía registrado un producto con esas características y esos datos en su base jurisdiccional.

La intervención deja una consecuencia inmediata para consumidores y comercios: el producto no puede seguir utilizándose, ofreciéndose ni promocionándose legalmente, incluso si aparece en canales digitales. Para los vendedores, la prohibición agrega el riesgo de mantener publicado un artículo que carece de autorización sanitaria vigente; para los compradores, vuelve relevante revisar el registro y el origen de los productos antes de adquirirlos.

La norma también muestra el costo práctico de operar con habilitaciones vencidas o registros que dejaron de tener respaldo administrativo. En mercados de productos de uso doméstico, la regulación funciona como una señal mínima sobre quién puede fabricar y bajo qué condiciones. Cuando esa señal desaparece, el comprador no cuenta con información suficiente para evaluar calidad, trazabilidad o riesgos, y la autoridad termina recurriendo a una prohibición general.

La ANMAT informó que los enlaces de comercialización, publicidad y promoción detectados fueron derivados a su programa de monitoreo y fiscalización. La empresa, en tanto, podrá presentar recursos administrativos o iniciar una acción judicial dentro de los plazos previstos por la disposición, aunque la prohibición del producto agota la vía administrativa en los términos establecidos por la norma.