Los subsidios aumentaron aproximadamente 7% en términos reales durante el último año, de acuerdo con el análisis del economista Juan Manuel Telechea. El incremento estuvo concentrado en la energía y fue compensado parcialmente por una reducción del gasto destinado al transporte.

Telechea señaló que el gasto total en subsidios se ubica actualmente en torno a 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI), muy por debajo del máximo de aproximadamente 3% registrado en otros períodos. “Estamos hablando de una reducción de ocho veces lo que era en su momento”, afirmó.

La composición del gasto muestra una concentración en los servicios energéticos: cerca de 80% corresponde a electricidad y gas, mientras que el 20% restante se destina al transporte. Sin embargo, dentro del aumento real de 7%, los subsidios a la energía crecieron alrededor de 30%.

El incremento energético fue compensado casi en su totalidad por una caída superior al 20% real en los subsidios al transporte. El economista vinculó esa dinámica con la actualización de las tarifas, que en el último año aumentaron aproximadamente 60% nominal, frente a una inflación cercana al 30%.

“El gobierno claramente tiene un discurso que está muy en contra de los subsidios, pero después en la práctica lo que hizo en el último año fue incrementarlos de vuelta”, sostuvo Telechea. A su entender, la decisión respondió a una prioridad coyuntural: evitar que una recomposición más acelerada de las tarifas energéticas agregara presión sobre la inflación.

El economista describió esa política como una forma de pragmatismo. “Priorizaste el problema de la inflación”, resumió, al explicar que el Gobierno habría resignado parte del objetivo fiscal para moderar el impacto de los ajustes tarifarios sobre el índice de precios.

Telechea también cuestionó la distribución territorial de los subsidios. Según explicó, las diferencias entre las tarifas provinciales y las de distintas distribuidoras generan inequidades entre usuarios. Los subsidios, afirmó, se concentran particularmente en la provincia de Buenos Aires y, dentro de ella, en el conurbano.

Otro de los puntos señalados fue el efecto de las tarifas reguladas sobre la inversión y el consumo. “Ese subsidio hace que también las empresas no inviertan”, dijo Telechea, al vincular la falta de previsibilidad sobre los precios con una menor expansión de la infraestructura y una calidad de servicio más baja.

El economista agregó que los precios artificialmente bajos también pueden estimular la demanda energética y, con ella, las importaciones. En ese sentido, relacionó la política de subsidios con parte del déficit de la balanza energética que la Argentina registró en años anteriores.

Telechea estimó que todavía existe margen para reducir los subsidios sin alterar de manera significativa la inflación, aunque advirtió sobre el impacto en el ingreso disponible. Según su explicación, la cobertura estatal de la tarifa eléctrica ronda actualmente el 46% para los hogares segmentados, y sería necesario un aumento cercano al 40% en las tarifas para recuperar niveles de cobertura considerados más próximos a los de mercado.

En paralelo, sostuvo que los subsidios podrían convertirse en una de las partidas utilizadas para recomponer el resultado fiscal. “Yo creo que el gobierno va a recuperar margen fiscal ajustando la partida de los subsidios”, afirmó. La estrategia, según su análisis, consistiría en acelerar los ajustes tarifarios cuando la inflación permita hacerlo y moderarlos si el índice de precios vuelve a mostrar señales de presión.