La disputa entre Estados Unidos y el Reino Unido escaló por las nuevas sanciones comerciales británicas contra bienes provenientes de asentamientos israelíes. Funcionarios estadounidenses amenazaron con represalias mientras el gobierno de Londres prepara medidas adicionales contra Israel.
El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, cuestionó el plan británico y sostuvo que constituye una discriminación contra el pueblo judío. En declaraciones a la BBC, sugirió que algunos estados norteamericanos podrían responder con medidas comerciales contra empresas del Reino Unido.
El congresista republicano de Florida Randy Fine fue más específico. Advirtió que las compañías británicas obligadas a cumplir con el veto podrían quedar excluidas de hacer negocios con el gobierno estatal o con administraciones locales de Florida.
La advertencia alcanzaría a empresas que necesiten interacción oficial para operar, incluidos permisos y trámites vinculados con la recaudación de impuestos. Fine afirmó que una ley aprobada durante su paso por la Legislatura estatal permitiría bloquear a cualquier compañía o país que boicoteara a Israel.
El alcance económico de la amenaza dependería de cómo se aplique esa norma y de qué empresas queden comprendidas. Pero el mecanismo planteado elevaría el riesgo regulatorio para compañías británicas: una decisión de cumplimiento adoptada en Londres podría afectar su acceso a contratos, permisos y relaciones con organismos públicos en Florida.
El canciller británico Ed Miliband debía presentar nuevas medidas contra Israel ante el Parlamento. El gobierno estadounidense había pedido en privado a Londres que desistiera de prohibir los bienes de los asentamientos, mientras el primer ministro británico, Andy Burnham, habría informado sus planes al presidente Donald Trump.
La disputa también provocó una respuesta de ministros israelíes. Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich reclamaron sanciones contra el Reino Unido y la expulsión de su embajador, vinculando el conflicto con la controversia sobre las islas Malvinas, cuya soberanía reclaman tanto Argentina como el Reino Unido.
Trump no había respaldado públicamente las sanciones británicas ni comentado la amenaza de represalias. Tampoco había confirmado apoyo estadounidense al Reino Unido en caso de una eventual invasión argentina de las Malvinas. Por ahora, la presión se mantiene en el terreno de las advertencias políticas, pero ya introduce un costo potencial para el comercio bilateral: empresas privadas podrían quedar atrapadas entre obligaciones regulatorias incompatibles de distintas jurisdicciones.
