El endeudamiento de los hogares se convirtió en uno de los principales puntos de presión de la economía argentina, con un impacto especialmente fuerte entre los jóvenes. El deterioro del empleo, el aumento del costo de vida y la dificultad para sostener los ingresos empujan a más familias a tomar crédito para cubrir gastos corrientes, mientras el Congreso debate medidas de alivio para los deudores.

Los menores de 25 años tienen la mayor tasa de morosidad entre los grupos etarios, con el 37,6%. Además, casi la mitad de los 45 millones de habitantes del país mantiene alguna deuda y más de cinco millones se encuentran atrasados en sus pagos, de acuerdo con el Centro de Estudios de la Ciudad, una organización no gubernamental que releva información del Banco Central.

El caso de Martn Taborda expone la dinámica del problema. El estudiante de Derecho de la Universidad de Buenos Aires quedó desempleado y acumuló una deuda de 1.300 dólares después de haber pedido inicialmente el equivalente a poco más de 100 dólares para pagar transporte y materiales de estudio. Los intereses por los pagos incumplidos multiplicaron el saldo original por diez.

La tensión llegó al Congreso, donde legisladores acordaron debatir 50 proyectos vinculados con el endeudamiento de los hogares. Las iniciativas incluyen topes a las tasas de interés y planes de refinanciación. Sindicatos y deudores se concentraron frente al Parlamento, mientras el oficialismo de Javier Milei aceptó discutir las propuestas sin respaldarlas.

El Gobierno rechaza convertir las deudas privadas en una obligación estatal. Milei sostiene que los compromisos impagos corresponden a la relación entre tomadores y prestamistas, y el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los bancos están flexibilizando las condiciones de repago, aunque advirtió que la empatía no debe confundirse con política pública. La discusión enfrenta la necesidad de aliviar situaciones de insolvencia con el riesgo de alterar las condiciones bajo las cuales se otorga crédito.

La mejora macroeconómica tampoco se tradujo automáticamente en una mejora de la capacidad de pago. El Gobierno redujo el déficit fiscal y llevó la inflación anual desde un máximo de 289% a comienzos de 2024 hasta aproximadamente 34% en julio. Pero el recorte de subsidios al gas, la electricidad y el transporte elevó las facturas más rápido que los ingresos de numerosos hogares, que comenzaron a endeudarse para sostener consumos básicos.

La desaceleración de la inflación modificó además el mecanismo con el que muchas familias amortiguaban sus deudas. Cuando los precios y los salarios aumentaban a gran velocidad, los ingresos podían recomponer gradualmente el peso de cuotas fijas. Con una inflación más baja, los aumentos nominales son menores, mientras el costo del financiamiento continúa elevado por la política monetaria restrictiva.

Las aplicaciones de pagos ofrecen crédito con menos trámites que los bancos, pero cobran tasas mucho más altas por el mayor riesgo percibido. En algunos casos, el costo anual llega a tres dígitos. El resultado es una espiral en la que parte de los hogares toma nuevos préstamos para cancelar los anteriores, no para comprar una vivienda, un vehículo o un activo productivo, sino para llegar a fin de mes.

La presión financiera también tiene una dimensión social y electoral. Más del 80% de los adultos encuestados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano afirmó en abril que los problemas económicos afectaban de manera importante su bienestar psicológico. La consultora Ana Iparraguirre, de GBAO, señaló que el modelo económico está golpeando con mayor intensidad a los jóvenes y que la continuidad del fenómeno puede debilitar el respaldo de Milei entre los votantes que contribuyeron a su llegada al poder.