La Superintendencia de Riesgos del Trabajo fijó en $94.299,30 el valor de la unidad utilizada para calcular las multas aplicables a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, los empleadores autoasegurados y las compañías de seguros de retiro. La actualización rige desde el 1° de septiembre de 2026.

El importe surge de aplicar una equivalencia del 22% sobre el Haber Mínimo Garantizado, que la ANSES estableció en $428.633,20 para ese mes. La resolución de la SRT no modifica por sí misma el régimen de sanciones, sino que actualiza la referencia monetaria con la que se calculan.

La Ley de Riesgos del Trabajo prevé multas de entre 20 y 2.000 unidades por incumplimientos, salvo que corresponda una sanción penal más severa. Con el nuevo valor, ese rango equivale aproximadamente a $1,89 millones en el piso y $188,6 millones en el máximo.

El mecanismo muestra cómo una variable previsional termina trasladándose al costo regulatorio de aseguradoras y empresas. La SRT debe publicar el importe actualizado cada vez que la ANSES modifica el Haber Mínimo Garantizado, de acuerdo con la equivalencia establecida por el Decreto 1.694 de 2009.

El cambio también conecta el sistema sancionatorio con la movilidad previsional. La ANSES informó para septiembre una actualización mensual de 2,11%, calculada bajo el esquema vigente, y ese movimiento se refleja indirectamente en la unidad que utiliza la autoridad laboral para cuantificar las multas.

Para las empresas alcanzadas, la consecuencia concreta es que un mismo incumplimiento nominal puede traducirse en una sanción monetaria distinta a medida que se actualiza la base de referencia. El efecto será más relevante en aquellos casos en los que la autoridad aplique multas cercanas a los extremos previstos por la ley.

La resolución no informa cambios en la cantidad de inspecciones, en los criterios para determinar infracciones ni en la tasa efectiva de sanciones. Por eso, el dato central es la actualización del monto de referencia y no un endurecimiento integral del régimen de riesgos del trabajo.

La medida mantiene un esquema en el que el valor de las sanciones se ajusta mediante una fórmula vinculada a los haberes previsionales, en lugar de quedar congelado en términos nominales. Para el sistema, preserva la capacidad monetaria de las multas; para las entidades reguladas, eleva el costo potencial de incumplir las obligaciones vigentes.