María Soledad Calle se presentó ante la Justicia y admitió haber comprado el departamento del primer piso de un edificio ubicado en San José 1111, en el marco de la investigación sobre su patrimonio y sus vínculos comerciales.
La propiedad está ubicada debajo del departamento asociado al entorno de Cristina Kirchner. Calle sostuvo que tenía previsto instalar allí una fundación, aunque hasta el momento no se realizó un allanamiento que permita determinar qué hay dentro de la unidad.
La causa también analiza la actividad de USEM, empresa creada en diciembre de 2022 y vinculada a Calle. Dos meses después de su constitución, la firma suscribió un contrato con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), según los datos difundidos sobre el expediente.
De acuerdo con la presentación realizada por Calle, el objeto de USEM consistía en gestionar, dentro del fideicomiso entre la UOM y el Banco Nación, la apertura y operatoria de cuentas bancarias. La empresaria describió su tarea de la siguiente manera: “nosotros solamente hacíamos apertura y operatoria y cobramos 100 palos por eso”.
La firma habría percibido aproximadamente $100 millones mensuales en concepto de comisión. Además, declaró cuatro empleados ante la UOM, un dato que forma parte de las preguntas judiciales sobre la estructura y la justificación económica del contrato.
La investigación patrimonial incluye también un dúplex de 170 metros cuadrados en la reserva de Cardales, una casa de tres plantas en Campana y un BMW. Calle afirmó que el automóvil fue comprado por su pareja, quien luego le cedió el 50% de la propiedad.
En su escrito, Calle rechazó que exista un delito y sostuvo que fue convertida en un personaje mediático por razones vinculadas con su género, su edad y sus posiciones políticas. “Su condición de mujer, su relativa juventud dentro del ámbito sindical y sus convicciones políticas conocidas fueron utilizadas para fabricar un personaje mediático narrativo, funcional a los sectores sindicales enfrentados a Bel Fur”, afirmó.
La Justicia deberá establecer el origen de los fondos utilizados para adquirir los inmuebles y el vehículo, además de determinar la naturaleza de las prestaciones realizadas por USEM y la correspondencia entre esas tareas, su estructura operativa y los ingresos obtenidos.
El caso suma una nueva dimensión patrimonial a las investigaciones sobre negocios y propiedades vinculadas con dirigentes sindicales y el entorno político del kirchnerismo. Por ahora, la admisión de la compra del departamento constituye una definición dentro de la causa, pero no implica por sí misma la comprobación de un delito.
