José Luis Cerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, cuestionó el plazo previsto para implementar la ley que amplía el régimen penal juvenil y advirtió que la reforma podría generar una fuerte presión sobre la infraestructura y el personal del sistema bonaerense.

La norma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, pero su aplicación en la provincia de Buenos Aires quedó suspendida por 60 días a partir de una resolución judicial, según se explicó durante la entrevista. El funcionario señaló que ya existen instancias de apelación y un pedido de juicio político contra la jueza que dictó la medida.

“Lo que realmente fue un enorme desperdicio es haber sacado la ley que el Congreso sacó realmente a las apuradas”, sostuvo Cerillo. Según su evaluación, la norma tuvo “errores de técnica legislativa muy importante” e invadió competencias provinciales, además de no haber sido acompañada por un esquema de financiamiento y coordinación institucional.

El cambio incorpora al régimen a adolescentes de 14 y 15 años, que se suman a la población de 16 y 17 años que ya estaba contemplada. “Esto, según nuestras proyecciones, implica un incremento de un 75% de la población juvenil privada de su libertad en los próximos 12 meses”, afirmó el funcionario.

Cerillo aseguró que el Gobierno nacional no aportó financiamiento ni estableció un presupuesto específico para afrontar esa expansión. También consideró insuficiente el plazo de 180 días fijado para la entrada en vigencia: “Una ley que requiere las capacidades estructurales, infraestructura y personal necesaria para su implementación”.

La presión recaería especialmente sobre Buenos Aires. “La provincia de Buenos Aires tiene casi el 40% de la población, pero tiene el 63% de la población privada de su libertad de todo el país, menor de 18 años”, explicó Cerillo. Añadió que actualmente 679 jóvenes dependen del sistema provincial de privación de la libertad.

El funcionario sostuvo que el régimen ya está recibiendo casos alcanzados por la nueva normativa. “El domingo tuvimos un ingreso de un joven de 14 años pedido por el juez. Ese joven está alojado”, afirmó, y agregó que la provincia está cumpliendo “con todos los requerimientos del poder judicial”.

Para ampliar la capacidad del sistema, Cerillo señaló que la provincia ejecuta un plan de obras que incluye un predio con cinco módulos de alojamiento, un módulo de enfermería, una escuela y un espacio deportivo. Indicó que ya fue inaugurado el primero de esos módulos y que otras obras serán entregadas principalmente durante enero y febrero.

“Planificar una obra, diseñarla, licitar la obra, adjudicarla y construirla para el Estado requiere meses de poder llevar adelante esa tarea. 180 días no es un plazo apropiado”, afirmó. También mencionó la recuperación de establecimientos deteriorados, entre ellos un centro con capacidad para 120 personas que actualmente dispone de 60 plazas porque la mitad permanece inutilizada.

Cerillo defendió un enfoque basado en datos y rechazó que el debate se limite a respuestas punitivas. “La política pública necesita de los datos de la ciencia para poder regirse”, dijo. Según su referencia a información del Ministerio Público Fiscal bonaerense, en los últimos diez años habría disminuido la participación de menores de 18 años en el total de delitos, aunque reconoció que persisten “enormes problemas” de seguridad.