La oposición logró reunir el número necesario para forzar una sesión en la Cámara de Diputados destinada a tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y la situación de las familias que enfrentan dificultades para sostener las prestaciones.

Según lo informado durante la jornada, 131 diputados opositores estaban dispuestos a ocupar sus bancas para habilitar el debate. La sesión finalmente comenzó y el oficialismo analizaba la posibilidad de dar quórum para abrir la discusión en el recinto.

El reclamo central de las familias y de los prestadores es que la prórroga de la emergencia se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027. La vigencia actual vence en diciembre, por lo que el sector reclama que el Congreso defina una continuidad antes de que termine el año.

La demora en los pagos afecta a los centros terapéuticos, al transporte y a las distintas terapias destinadas a personas con discapacidad. Las familias señalaron que, cuando los prestadores no cobran en tiempo y forma, existe el riesgo de que reduzcan servicios o directamente dejen de operar.

María Celia, directora de uno de los centros terapéuticos, describió el impacto financiero sobre las instituciones: “La vocación a veces necesita también poder tener pagos a tiempo, poder cubrir con los terapeutas que están trabajando”. Y agregó: “Necesitamos no cobrar a 5 meses, no cobrar a 4 meses”.

La directora sostuvo que los centros continúan atendiendo a los pacientes pese a los atrasos y que, en algunos casos, reciben pagos con varios meses de demora. También planteó que la continuidad de la prórroga es necesaria para acompañar a las familias y sostener la prestación de los tratamientos.

Las familias indicaron que las dificultades alcanzan a terapias como musicoterapia, foniatría, terapia ocupacional, kinesiología y transporte. Una madre señaló que algunas prestaciones fueron recortadas y que, en su grupo de obra social, otros pacientes dejaron de recibir el traslado o los tratamientos correspondientes.

El conflicto expone la tensión entre los valores reconocidos en la normativa y la capacidad efectiva de las obras sociales y de los prestadores para financiarlos. Mientras el Congreso debate la extensión de la emergencia, las instituciones advierten que los atrasos deterioran la oferta de servicios y ponen en riesgo la continuidad de tratamientos que las familias consideran esenciales.