El Banco Central aprobó nuevas disposiciones para mitigar el fraude en las transferencias electrónicas de fondos, con alcance sobre bancos, proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago y administradores de esquemas de transferencias inmediatas. La norma fue comunicada el 3 de septiembre y publicada el 10 de septiembre de 2026.

La Comunicación “A” 8473 establece que los administradores de esquemas de pago de transferencias inmediatas tendrán 120 días corridos desde la publicación para comenzar a cumplir con las nuevas exigencias. Para bancos y proveedores de cuentas de pago, los plazos serán de 60 y 90 días, según el apartado del anexo involucrado.

El cronograma no empieza a correr de la misma manera para todos los participantes. En el caso de las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago, parte de las obligaciones quedará vinculada al momento en que los administradores de los esquemas les entreguen la documentación técnica prevista por la regulación.

La norma modifica el margen de organización interna de los actores del sistema de pagos: deberán adaptar procesos, controles y sistemas dentro de plazos definidos por el regulador y, en algunos casos, condicionados por la información técnica que reciban de los administradores. El costo concreto de esa adecuación no está detallado en la comunicación publicada.

Para los usuarios, el efecto más visible todavía no es una modificación anunciada en las cuentas o en las transferencias, sino el refuerzo del marco bajo el cual se procesan esas operaciones. La regulación apunta a reducir la exposición al fraude, aunque su resultado dependerá de la implementación efectiva y de la coordinación entre los distintos participantes.

La estructura de plazos también muestra una dependencia operativa relevante. Si la documentación técnica llega tarde, las entidades alcanzadas podrían tener menos tiempo efectivo para adaptar sus sistemas, aun cuando el calendario formal esté definido. La norma, por lo tanto, no se agota en una obligación legal: exige que la infraestructura privada y regulada de pagos funcione de manera coordinada.

El cambio importa porque las transferencias inmediatas concentran una parte central de la operatoria cotidiana de hogares y empresas, pero la comunicación no permite medir todavía cuánto cambiarán los controles, los costos de cumplimiento o la experiencia de uso. La señal concreta es que el BCRA busca elevar las exigencias antifraude en todo el circuito, con una implementación escalonada que comenzará a impactar durante los próximos meses.