El Gobierno autorizó la subasta pública de un predio de 5.364,91 metros cuadrados ubicado en Quilmes, que formaba parte de los activos vinculados al Procrear. La operación tendrá una base de US$1.386.282 y se realizará bajo el procedimiento electrónico de subastas de la Administración Nacional.

El inmueble está ubicado sobre la avenida Triunvirato, entre Centenario y Gran Canaria, en la localidad bonaerense de Quilmes. La resolución identifica el terreno como una parcela de la Circunscripción I, Sección T, Manzana 10 y Parcela 11, y aprueba el pliego de bases y condiciones que regirá la venta.

La cifra fijada como base surge de una tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El organismo había estimado un valor venal de $2.259 millones, equivalente a US$1.631.047, y recomendó un valor base de $1.920 millones, equivalente a US$1.386.282, con valores expresados al 2 de septiembre de 2025.

La diferencia entre el valor venal y la base de subasta no implica por sí sola un descuento efectivo: el precio final dependerá de la competencia entre los participantes y de las condiciones específicas del pliego. La autorización abre el proceso de venta, pero no confirma todavía cuánto obtendrá el Estado ni quién será el comprador.

La operación se inscribe en la liquidación del Fondo Fiduciario Público Procrear, disuelto por el decreto 1018 de noviembre de 2024. Ese proceso contempla la administración y disposición de sus bienes muebles e inmuebles, mientras que el Banco Hipotecario actúa como mandatario para tareas vinculadas con esos activos.

El caso también expone una definición sobre un desarrollo que se encontraba suspendido. La documentación oficial señala que las obras vinculadas con proyectos en curso quedaron a la espera de una decisión sobre su continuidad, y que el predio de Quilmes fue incluido entre los inmuebles cuyo destino debía analizarse de manera individual.

Para las cuentas públicas, la venta puede generar un ingreso puntual y reducir los costos de mantener un activo estatal, aunque la resolución no informa el resultado fiscal esperado ni permite medir todavía el efecto sobre el patrimonio público. Para el mercado inmobiliario local, el dato relevante es que una superficie de ese tamaño pasará a competir por usos privados, pero su impacto dependerá de las condiciones de la subasta y del proyecto que finalmente se desarrolle.

La resolución delega además en la Subsecretaría de Obras y Servicios la emisión de circulares aclaratorias o modificatorias durante el procedimiento. Esa facultad agiliza la gestión de la subasta, aunque también vuelve especialmente importante conocer el pliego completo, porque allí estarán las condiciones que determinarán el atractivo económico real del inmueble.