La Secretaría de Energía autorizó una modificación en la franquicia de importación otorgada al proyecto P.E. Olavarría, de 180 MW, desarrollado por Generación Eléctrica Argentina Renovable I. S.A. bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida amplía el listado de bienes que podrán ingresar con los beneficios tributarios y aduaneros previstos por la Ley 27.742.

El proyecto ya contaba con un listado vigente de 26 posiciones arancelarias. La empresa había solicitado incorporar tres nuevas posiciones para importar bienes destinados a la ejecución de la inversión, pero la evaluación oficial concluyó que solo una de ellas, aunque no estaba clasificada como bien de capital o de informática y telecomunicaciones, resultaba esencial para el parque.

La resolución reemplaza el listado aprobado en febrero por uno nuevo, identificado en el expediente administrativo correspondiente. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá aplicar los incentivos tributarios y aduaneros del RIGI a los bienes incluidos en esa modificación.

El alcance inmediato es concreto: el proyecto podrá importar un componente adicional bajo un tratamiento preferencial, lo que reduce la carga fiscal y aduanera asociada a esa operación. En inversiones de infraestructura, donde los equipos importados pueden representar una parte relevante del desembolso inicial, una franquicia de este tipo modifica el costo de entrada del proyecto.

La Secretaría de Energía sostuvo que la incorporación no tendrá un impacto significativo sobre la demanda de divisas de la empresa y que no altera las conclusiones previas del Banco Central sobre la sostenibilidad externa ni sobre las reservas internacionales. El argumento busca acotar el costo macroeconómico de la medida, aunque el texto no informa el valor del bien incorporado ni el ahorro fiscal asociado.

La decisión también muestra cómo funciona el RIGI en la práctica: el beneficio no queda congelado en la aprobación inicial, sino que puede ajustarse durante la ejecución de la inversión mediante pedidos específicos y validaciones administrativas. Esa flexibilidad puede evitar que una clasificación arancelaria o una omisión inicial bloquee la llegada de equipamiento necesario.

Al mismo tiempo, el mecanismo concentra en la administración pública la definición de qué bienes son esenciales y cuáles pueden acceder a la franquicia. En este caso, la autorización se apoyó en informes de distintas áreas del Estado y en una excepción para una partida que no reunía la clasificación técnica de bien de capital o de informática y telecomunicaciones.

Para el proyecto de Olavarría, el efecto es un alivio puntual sobre la importación de equipamiento. Para el sector energético, la señal es que el régimen puede adaptarse a las necesidades concretas de una inversión renovable, aunque la magnitud económica de esta modificación no alcanza para inferir por sí sola un cambio en la tendencia de inversiones o en la oferta eléctrica.

La resolución no anuncia una ampliación general del RIGI ni modifica sus reglas para todos los proyectos. Se trata de una autorización particular para un parque de 180 MW, con impacto directo sobre sus costos de importación y un efecto indirecto, todavía acotado, sobre la ejecución de la obra y la futura capacidad de generación.