La inflación de agosto se ubicó en 1,7%, el registro más bajo para ese mes desde 2017. Sin embargo, la desaceleración todavía convive con señales de inercia: la inflación núcleo fue de 1,8%, por encima del nivel general.
La diferencia entre ambos indicadores se explicó principalmente por el comportamiento de los componentes estacionales. Durante agosto bajaron los precios vinculados con el turismo y la indumentaria, lo que contribuyó a reducir el índice general.
En cambio, los precios regulados aumentaron 2,2% en el mes. El análisis planteó que esa dinámica podría moderarse a partir de septiembre si las tarifas avanzan por debajo de la inflación, en línea con una desaceleración de los ajustes y un mayor nivel de subsidios.
La persistencia de una inflación núcleo cercana al 2% muestra que el proceso de desinflación todavía enfrenta obstáculos. El descenso desde niveles superiores no garantiza, por sí solo, una rápida llegada a tasas inferiores al 1% mensual, especialmente cuando continúan los mecanismos de indexación y la incertidumbre.
La mejora del índice tampoco se tradujo automáticamente en una recuperación del poder adquisitivo. El ingreso disponible de las familias fue señalado como un 15% inferior al nivel de 2023, mientras que el mercado laboral mostró un deterioro en su composición.
La economía continúa generando puestos de trabajo, pero con una mayor participación del empleo informal y una pérdida relativa del empleo formal. Esa transformación reduce la previsibilidad de los ingresos y afecta el financiamiento del sistema previsional y de las prestaciones asociadas al trabajo registrado.
El crédito apareció como otra variable central para una eventual recuperación del consumo. El análisis vinculó el crecimiento sostenible con una secuencia en la que el ahorro se transforme en inversión, la inversión genere empleo y el empleo impulse el consumo privado.
En ese marco, una baja de las tasas y la ampliación de líneas hipotecarias, prendarias, para motos y para pequeñas y medianas empresas podrían producir una mejora gradual. No obstante, se advirtió que esas herramientas no alcanzarían para generar un salto inmediato del consumo ni un crecimiento acelerado.
La reducción de la inflación fue considerada una condición necesaria para alargar el horizonte de planificación de empresas y hogares, aunque la inversión privada todavía aparece condicionada por la incertidumbre electoral y por la evolución del ciclo económico.
El debate también vinculó la estabilidad de precios con eventuales cambios institucionales, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La consolidación de reglas que limiten el financiamiento monetario del déficit fue presentada como un requisito para sostener la desinflación en el tiempo.
