El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ordenó a México pagar US$15,9 millones más intereses a Vulcan Materials por incumplir las obligaciones asumidas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La resolución se refiere a la filial de Vulcan que operaba en Quintana Roo y se dedicaba a la extracción de piedra caliza. Según el laudo, el Gobierno mexicano no proporcionó a las inversiones de la compañía estadounidense el trato justo y equitativo exigido por el acuerdo comercial que precedió al T-MEC.

El texto completo de la resolución fue conocido después de que la Secretaría de Economía mexicana interpretara, en julio, que el tribunal había desestimado casi todas las reclamaciones de Vulcan. De acuerdo con esa explicación, solo había prosperado una medida vinculada con la clausura del predio de Calica, que representaba menos del 1% del monto originalmente reclamado.

La decisión difundida ahora cuestiona esa lectura oficial, al establecer una indemnización monetaria y reconocer el incumplimiento de México respecto de las protecciones previstas en el TLCAN.

Vulcan había señalado en un comunicado que la compensación por las violaciones de México al tratado era insignificante. Sin embargo, el laudo deja pendiente una controversia más amplia sobre las propiedades de la empresa en el país.

El conflicto se remonta a 2018, durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, el Ejecutivo acusó a la compañía de provocar daños ambientales en los terrenos que desarrollaba en el Caribe mexicano para extraer piedra caliza.

Posteriormente, México declaró la zona como área natural protegida, pese a los esfuerzos de Vulcan para evitar esa decisión. La disputa combinó desde entonces cuestiones ambientales, regulatorias y de protección a la inversión extranjera.

El caso también se convirtió en un punto de tensión en la relación entre México y Estados Unidos, además de constituir una prueba para las garantías que enfrentan las empresas estadounidenses que operan en territorio mexicano. El alcance de la resolución puede influir en la evaluación de riesgo de nuevas inversiones sujetas a reglas ambientales, cambios regulatorios y mecanismos de arbitraje internacional.